
En marzo de 2011, ejecutivos israelíes de NSO Group visitaron México para concretar la venta del software espía Pegasus al ejército mexicano, en una negociación fuera de lo común en un club de striptease.
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Según reveló en 2023 The New York Times, este acuerdo convirtió a México en el primer cliente de Pegasus, una herramienta sofisticada diseñada para infiltrarse en teléfonos móviles, hackeando dispositivos y extrayendo información sin dejar rastro.
Pegasus se ha utilizado intensamente en México tanto para combatir el crimen organizado como para espiar a opositores y defensores de derechos humanos. Este software fue un elemento clave en varias operaciones, como el desmantelamiento de redes de abuso infantil y la captura del reconocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Sin embargo, también ha generado fuertes preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de poder.

Las evidencias apuntan que en México hubo un continuo y preocupante uso del software Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos y críticos del gobierno mexicano, a pesar de las promesas oficiales de cesar estas actividades.
En la segunda mitad de 2022, los teléfonos de dos destacados abogados defensores de derechos humanos fueron infectados con Pegasus. Ambos estaban investigando el papel del ejército en una de las desapariciones masivas más notorias en la historia reciente del país. Esta vigilancia coincidió con una etapa crítica del caso, mostrando la persistente utilización de Pegasus para reprimir a quienes desafían al poder, informó Citizen Lab, un grupo de investigación de la Universidad de Toronto.
Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y continuando con el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el software espía Pegasus se ha empleado para monitorear a periodistas, políticos y opositores, a pesar de los compromisos oficiales de detener la vigilancia ilegal. Este uso indebido contradice las legislaciones mexicanas que exigen una autorización judicial para llevar a cabo este tipo de vigilancia.

El caso de los dos abogados no es aislado. Desde su introducción en México, Pegasus ha estado envuelto en contratos misteriosos y en silencios oficiales. En mayo de 2011, el software fue presentado a las máximas autoridades mexicanas en una base militar, demostrando su eficacia al hackear un teléfono en tiempo real sin evidenciar signos de intrusión. La presencia del software espía se justificó, en parte, por la necesidad urgente de interceptar comunicaciones de los cárteles de drogas, cuyas operaciones solían ser difíciles de rastrear debido al uso de teléfonos BlackBerry.
Citizen Lab ha sido una fuente crucial para corroborar estos ataques a través de un análisis exhaustivo que demuestra la persistencia de Pegasus en el país. Según este grupo, la vigilancia no solo se aplica a los criminales, sino también a ciudadanos que disienten del gobierno, incluyendo destacados defensores de derechos humanos como Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar. Ambos fueron espiados mientras investigaban la implicación del ejército en casos de violación de derechos humanos.
Enfrentando esta realidad, el Ejército Mexicano ha llevado a cabo operaciones de espionaje sin cumplir con el debido proceso legal requerido por las leyes mexicanas. Los ataques confirmados por Citizen Lab muestran un patrón de vigilancia abusiva y generalizada, sustentada en la capacidad tecnológica proporcionada por Pegasus.
El software espía se ha convertido en un símbolo inquietante de los límites del poder estatal en la era digital, desafiando las luchas globales por la privacidad y la protección de los derechos humanos.

La administración Biden mostró alarma ante el uso de Pegasus para atacar a disidentes en todo el mundo, y en 2021 incluyó a NSO Group en una lista negra, complicando las operaciones de la empresa. A pesar de esto, el gobierno israelí no ha detenido el uso del software en México, donde el ejército se mantiene como su principal usuario.
Los usuarios de Pegasus pueden operar de manera invisible, permitiendo leer mensajes, escuchar conversaciones y ver a través de la cámara del dispositivo incluso cuando este está aparentemente apagado. Este nivel de intrusividad ha generado un debate internacional sobre los límites y el control de la vigilancia estatal.
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