Consejo de Estado admitió demanda contra la Superintendencia de Salud por la intervención forzada de la Subred Centro Oriente

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente está en el centro de una serie de conflictos legales y administrativos en los últimos meses. En agosto de 2024, esta entidad decidió rescindir unilateralmente el contrato con la empresa española Copasa, encargada de la construcción y operación del Hospital San Juan de Dios. La decisión desencadenó en una nueva disputa legal, en la que se han planteado serios riesgos financieros para Bogotá.

La Subred se encuentra actualmente bajo la administración de un agente interventor designado por el Gobierno, lo cual ha sido objeto de controversias legales por parte de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia). En marzo de 2024, la fundación presentó una demanda contra la intervención forzosa administrativa realizada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Subred.

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El presidente de la junta directiva de FEDe Colombia, Luis Guillermo Vélez, afirmó que “la medida de la Superintendencia carece de un análisis exhaustivo de la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios o la cobertura, y de un soporte probatorio que fundamenta la intervención”. Además, la demanda menciona que la intervención violó la autonomía de Bogotá y fue desproporcionada.

De acuerdo con la información suministrada por FEDe, la rescisión del contrato con Copasa no solo generó una inestabilidad administrativa y jurídica, sino que también planteó un desafío financiero para la Subred. La compañía española inició un proceso de arbitraje internacional solicitando una compensación millonaria, lo que representó un riesgo catastrófico para las finanzas públicas de Bogotá.

Dicha situación aumentó la incertidumbre sobre el futuro de la modernización del Hospital San Juan de Dios, que para Fede, lo anterior podría afectar significativamente la atención en salud de los pacientes que dependen de sus servicios.

Igualmente, la fundación añadió que existen formas preventivas como la vigilancia especial, la recapitalización y programas de recuperación que deberían haberse aplicado antes de realizar la intervención forzosa. Esas medidas, contempladas en la legislación, no fueron utilizadas en ese caso, lo cual es otro argumento presentado en la demanda de nulidad.

“Respecto al supuesto incumplimiento de instrucciones, se han generado informes de gestión y existen otros dictámenes distintos al presentado por la Superintendencia que muestran índices altos de cumplimiento de los planes de mejora, diligente atención a los usuarios y medidas correctivas por parte de la Subred para la prestación del servicio. Por lo tanto, no existe sustento fáctico que justifique en debida forma la intervención, la cual es desproporcionada dada la capacidad de mejora de la entidad y el uso inadecuado de los mecanismos de control con los que cuenta la Superintendencia”, señala el documento de Nulidad simple de la Resolución 2024420000003568-6 del 7 de mayo de 2024.

El Consejo de Estado admitió la demanda y se encuentra a la espera de una decisión definitiva sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la intervención presentada por FEDe. Colombia y reiterada en las últimas horas. A partir de ello, el ente hizo un llamado a la urgencia de proteger los intereses de la Subred y de Bogotá ante los más recientes acontecimientos, destacando igualmente la falta de justificación suficiente para la intervención y la terminación del contrato.

Asimismo, solicitó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la intervención, reiterando la ausencia de justificación suficiente. “Es importante destacar que una decisión favorable podría tener un impacto positivo en la continuación del proyecto del Hospital San Juan de Dios, trayendo alivio a una situación que actualmente amenaza la estabilidad del sistema de salud local y la seguridad financiera de la ciudad”.