Los botes que el gobierno de Iván Duque entregó a pescadores de San Andrés y que resultaron inservibles: Contraloría advirtió fallas en la gestión

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) enfrenta críticas por la entrega de embarcaciones a pescadores en el archipiélago de San Andrés y Providencia que no son aptas para el uso en mar abierto, De hecho, los barcos entregados fueron diseñados para agua dulce y carecen de las especificaciones adecuadas, lo que los hace inoperables en las condiciones marítimas del Caribe colombiano.

Así quedó registrado en unas declaraciones obtenidas por Cambio de los pescadores locales, que fueron apoyadas por un informe de la Contraloría General de la Nación sobre la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que encontró fallas en la distribución y entrega de las ayudas asistenciales para las islas.

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Esta situación se deriva de un contrato firmado entre la Aunap y la sociedad comisionista Comiagro, por un valor de 1.407 millones de pesos. El acuerdo preveía la entrega de botes y equipos de pesca para ayudar a los pescadores afectados por el huracán Iota, que devastó las islas en noviembre de 2020. Sin embargo, la mayoría de estas embarcaciones no se han utilizado y están deteriorándose al aire libre.

Israel Livingston, miembro de la Asociación de Pescadores Asopezboth, fue uno de los beneficiados que recibió un bote de 22 pies, pero después de tres años, este sigue casi nuevo debido a su inutilidad en alta mar, un problema que afecta a muchos otros pescadores en la región.

La Contraloría General informó sobre deficiencias en la construcción y adecuación de refugios, así como problemas graves en la gestión contractual de este proyecto. Las auditorías revelaron que las embarcaciones carecen de cavas, asientos y el grosor adecuado para la navegación en mar abierto. Además, se encontraron inconsistencias entre los registros y los bienes entregados.

Por su parte, la Aunap, a través de un comunicado, explicó que estas denuncias ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes. Además, indicaron que las quejas, algunas de ellas anónimas, están siendo investigadas por las entidades competentes.

El problema se agrava con el proceso irregular de distribución de la ayuda. Según Wellingford Steel, un pescador de Santa Catalina, muchas de las embarcaciones fueron entregadas a personas que no son pescadores mientras que él, con 74 años de experiencia en la pesca, no recibió nada por no pertenecer a ninguna asociación, según comentó a Cambio.

Por su parte, el director técnico de Administración y Fomento de la Aunap, John Jairo Restrepo, quien estuvo a cargo hasta el 6 de junio, también ha sido señalado por presunto acoso laboral y contratación de familiares.

El huracán Iota impactó severamente a Providencia el 16 de noviembre de 2020 a las cuatro de la mañana, destruyendo el 98 por ciento de las infraestructuras en una hora. San Andrés también sufrió daños considerables, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y olas de más de tres metros de altura, lo que causó la destrucción parcial de viviendas y daños en la infraestructura turística, crucial para la economía local.

En Providencia, más de 6.000 personas quedaron damnificadas, casi la totalidad de la población de la isla, y en San Andrés, alrededor de 2.000 personas se vieron afectadas. Las pérdidas se estiman en más de 1.2 billones de pesos colombianos, aproximadamente 330 millones de dólares.

Frente a la tragedia, el gobierno de Iván Duque se comprometió a reconstruir la infraestructura de las islas y reactivar la economía local. Sin embargo, al final de su mandato, la recuperación fue lenta y desigual, tanto así que la Corte Constitucional determinó el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los habitantes de Providencia y Santa Catalina, según afirmaron en una sentencia que señala que se entregaron casas incompletas y defectuosas.

En octubre de 2022, la Corte Constitucional concluyó que el gobierno Duque había fallado en cumplir sus promesas, entregando casas con importantes defectos y de infraestructura insuficiente para resguardar a sus habitantes ante futuros huracanes.

“El Gobierno incumplió los acuerdos, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas, sin cisternas, con graves defectos de saneamiento básico e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán”, señala el fallo de la corte.