Contralores del Caribe pedirán que generadoras de energía sean intervenidas y liquidadas

Los contralores de varios departamentos del Caribe colombiano anunciaron que presentarán una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Cesar, en un esfuerzo por abordar el problema de las crecientes tarifas de energía en la región.

Este grupo, compuesto por las Contralorías del Atlántico, Santa Marta y Valledupar, busca una solución integral que proteja los derechos de los usuarios afectados.

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Yadira Morales, contralora del Atlántico, señaló que han solicitado al Gobierno nacional la designación de comisionados para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad que, según ella, se encuentra actualmente inoperante debido a la falta de expertos para tomar decisiones clave.

Además, los contralores han solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) que intervenga y tome posesión de la empresa Air-e, la cual opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según Morales, la empresa ha incumplido con las inversiones necesarias, trasladando estos costos a los usuarios a través de tarifas más altas. “Es un impuesto disimulado que están cobrando”, aseguró, según Blu Radio.

La contralora también mencionó irregularidades en la operación de Afinia, la empresa encargada del suministro de energía en Sucre, Cesar y Bolívar. Morales señaló que están pidiendo un pronunciamiento de la Superservicios sobre un “caso de corrupción” registrado en enero de este año. La falta de inversiones por parte de la empresa ha llevado a que los altos costos sean asumidos por los usuarios, lo que ha generado un fuerte descontento en la región.

Esta no es la primera vez que los contralores del Caribe toman medidas contra las tarifas de energía. En el primer semestre de 2024, los contralores de varios departamentos, incluidos Atlántico, Córdoba, Santa Marta, Magdalena, La Guajira, Valledupar, Sincelejo y Montería, presentaron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra el régimen especial tarifario de energía, buscando invalidar la resolución 10 de 2020 de la Creg.

Solicitan liquidación de Air-e por presunta apropiación de recursos públicos

La situación con Air-e ha escalado a tal punto que los contralores han solicitado formalmente la intervención y posible liquidación de la empresa. Argumentan que Air-e estaría apropiándose “reiterada e indebidamente de recursos públicos con destinación específica, abusando de su gestión como agente recaudador”. Según un documento presentado a la Superservicios, Air-e habría financiado la prestación del servicio de energía eléctrica con dineros destinados al servicio de alumbrado público, lo que podría constituir un delito de “omisión de agente recaudador”.

“Estamos pidiendo al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, que adopte los mecanismos necesarios para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe”, se lee en el documento, que también solicita la liquidación de Air-e por insuficiencia financiera y presuntas violaciones a las leyes y actos administrativos vigentes.

Air-e desmintió las acusaciones y anunció acciones legales

Ante las acusaciones, Air-e respondió rechazando los señalamientos de los contralores. La empresa aseguró que las acusaciones son malintencionadas y que han cumplido con la entrega de los recursos recaudados. Air-e adjuntó pruebas de los giros realizados al Distrito de Barranquilla y a los municipios donde operan, demostrando que no registran obligaciones vencidas a la fecha.

“La sociedad Air-e S.A.S. E.S.P., en su calidad de agente recaudador del impuesto de alumbrado público del Distrito de Barranquilla, no registra obligaciones de plazos vencidos a la fecha (23 de agosto de 2024)”, señala un certificado emitido por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Alcaldía de Barranquilla.

Este conflicto entre los contralores del Caribe y las empresas de energía refleja la creciente tensión en la región debido a las elevadas tarifas y la percepción de corrupción y mala gestión en la prestación del servicio eléctrico.