El Acuerdo de Escazú, un tratado internacional crucial para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, recibió finalmente la luz verde de la Corte Constitucional de Colombia, marcando un hito en la legislación ambiental del país. Aunque este acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica, su implementación en Colombia solo fue posible en 2022, bajo el gobierno de Gustavo Petro. La Ley 2273 de 2022, que aprueba el Acuerdo, ahora podrá ser puesta en marcha, luego de que la Corte Constitucional la avalara de manera unánime.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue el encargado de presentar la ponencia que condujo a esta decisión. A lo largo del proceso, surgieron dudas sobre la necesidad de realizar una consulta previa y un análisis de impacto fiscal en el Congreso. Sin embargo, entidades como la Procuraduría sostuvieron que estas medidas no eran necesarias, argumentando que el Acuerdo de Escazú no imponía gastos ni establecía nuevos tributos.
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La Corte estuvo de acuerdo con esta postura, afirmando que “no era necesario agotar la consulta previa”, ya que el acuerdo no incluye regulaciones específicas que afecten directamente a las comunidades étnicamente diferenciadas.
El tribunal señaló que el Acuerdo de Escazú está en plena concordancia con la Constitución Política de Colombia. Destacó que este tratado es fundamental para la implementación efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales, lo cual es esencial para garantizar la participación ciudadana. Según la Sala Plena, la regulación establecida en el acuerdo “se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales” y también busca “refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente”.
Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es su mandato de proteger a los defensores de derechos humanos en el ámbito ambiental. La Procuraduría enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para que estas personas puedan actuar sin temor a represalias. Esto es especialmente relevante en un país como Colombia, donde los líderes ambientales son históricamente perseguidos.
El Gobierno, por su parte, manifestó que la aprobación del Acuerdo de Escazú es un paso crucial para avanzar en la reglamentación de procedimientos ambientales y llenar vacíos legales. La implementación de este acuerdo permitirá traducir la jurisprudencia que garantiza la participación de las poblaciones más vulnerables en decisiones ambientales en procedimientos claros y efectivos.
Con la decisión de la Corte, Colombia se compromete a cumplir con las obligaciones del Acuerdo de Escazú, que incluyen, entre otras cosas, la puesta a disposición del público de la información ambiental generada y recopilada por los Estados.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la decisión de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Escazú, calificándola como un “paso histórico”. A través de su cuenta de X, Muhamad destacó que esta decisión es el fruto del “arduo trabajo de defensores ambientales, comunidades, organizaciones sociales y jóvenes comprometidos con un futuro sostenible”.
Muhamad señaló que el acuerdo fortalecerá en Colombia el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales, además de proporcionar una protección efectiva para quienes defienden el medio ambiente. La ministra hizo un llamado a todos los sectores a unirse en la implementación de este acuerdo para asegurar que sus beneficios alcancen a todo el país.
Desde el Ministerio de Ambiente, se comprometió a impulsar políticas y programas que materialicen los objetivos del Acuerdo de Escazú, enfatizando la visión de construir una “Colombia potencia mundial de la vida”, donde la naturaleza y las comunidades sean prioritarias, “en línea con la iniciativa de hacer la Paz Con La Naturaleza”.
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