Procuraduría exigió explicaciones al presidente de la Hidroeléctrica de Urrá por presuntas irregularidades en contratos

El presidente de la Hidroeléctrica de Urrá, Eduardo Díaz, fue notificado de un requerimiento relacionado con contratos de venta de energía por un monto que podría superar los $1,4 billones, que están siendo investigados.

Dichos contratos han generado inquietud debido a su concentración en tan solo diez empresas, lo que ha levantado sospechas y llamado la atención de diversas autoridades, entre ellas, la Procuraduría General de la Nación.

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Desde el 5 de julio de 2024, funcionarios del Ministerio de Minas y Energía solicitaron información detallada sobre estos contratos. Según lo reportado, encontraron una concentración de contratos en una matriz que luego fue escalada a los niveles más altos del Gobierno. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que tuvo conocimiento del caso, decidió poner en alerta al gabinete del presidente Gustavo Petro, presentando el asunto el 29 de junio.

En el desarrollo de las investigaciones, la Procuraduría, a través de su delegada primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, emitió un oficio fechado el 26 de agosto de 2024 en el que se le solicitó a la Hidroeléctrica Urrá una serie de documentos y expedientes para poder evaluar la situación de los contratos cuestionados. Este requerimiento forma parte de una vigilancia preventiva en el marco de investigaciones periodísticas que han venido revelando posibles irregularidades en el proceso de contratación de la entidad.

El documento, dirigido al presidente de Urrá S. A. E. S. P., destaca la preocupación del Ministerio Público por la posible anticipación de riesgos en la contratación relacionada con la compra y venta de energía. “Frente a lo anterior, es necesario acotar que la Procuraduría General de la Nación tiene, entre otras, la función de velar por el ejercicio diligente y eficiente de la función pública”, menciona el oficio, dejando claro que aunque se ejerce una vigilancia, la autonomía e independencia de la entidad no se ve comprometida.

La solicitud incluye una lista exhaustiva de 11 documentos que la Procuraduría requiere para avanzar en la investigación, estos son:

• Copia de los expedientes contractuales desde el segundo semestre de 2023.
• Manual de contratación o el documento equivalente que regule los procesos de la entidad.
• Manual de funciones o su equivalente.
• Análisis, estudio e informes que definan el precio del kW y las cantidades de energía contratadas.
• Estudios sobre modalidades de pago, incluyendo pago por capitación y pago global prospectivo.
• Actas de Junta Directiva correspondientes a enero y abril de 2023.
• Actas de la Asamblea General de Accionistas de marzo de 2023 y mayo de 2024.
• Reglamentos para las sesiones y toma de decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas.
• Cronograma del proceso de compra de energía, detallando las fases de estructuración.
• Motivos de no disponibilidad en SECOP II de los procesos de selección.
• Copia del “manual técnico administrativo” mencionado en los términos de referencia.

La Procuraduría subrayó que si alguno de estos documentos está protegido por reservas legales, esta condición debe ser informada junto con los soportes correspondientes. Además, recalca la importancia de una respuesta oportuna y adecuada a las solicitudes realizadas, recordando la prohibición de “omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades”, según lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

Este requerimiento se enmarca en el contexto de las operaciones de Urrá, una de las principales hidroeléctricas del país, y su gestión en la contratación de venta de energía. La solicitud de información busca aclarar si las contrataciones realizadas han sido transparentes y ajustadas a las normativas vigentes, o si, por el contrario, existen irregularidades que deban ser corregidas.