Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo

Por solicitud del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra varios integrantes de grupos armados. Son en total cuatro los cabecillas beneficiados con la decisión de la Fiscalía: tres del Clan del Golfo y uno de las disidencias de las Farc.

A través de una resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, esta decisión se enmarca dentro de los esfuerzos para avanzar en el proceso de paz y la negociación con grupos armados ilegales, siendo la suspensión de las órdenes de captura un paso clave en las políticas de reconciliación y paz promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.

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La jefe del ente acusador firmó dos resoluciones que excluyen el levantamiento de las órdenes de captura a Orozman Orlando Ostén, alias Rodrigo Flechas, cabecilla del Clan del Golfo, y a Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno o Jerónimo, vocero político de la organización. Según la Fiscalía, estos líderes están en proceso de acercamiento con el Gobierno para alcanzar un acuerdo de paz.

Además, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, que está implicado en el atentado contra el expresidente Iván Duque, también ha sido beneficiado por la suspensión. La resolución detalla: “En el marco de las negociaciones y diálogos de paz, el Gobierno nacional reconoció como miembros representantes a un integrante del Estado Mayor Central de las Farc con el fin de que participe en la mesa de diálogos dirigida a obtener soluciones al conflicto armado”.

La Fiscalía también eximió de captura a Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, que había sido descubierto fuertemente armado y en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Dicha suspensión no tendrá efectos en situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, aclaró la Fiscalía en su decisión

La resolución subraya que, “le corresponde exclusivamente al presidente de la República como intérprete autorizado de la normatividad respecto de los acercamientos y negociaciones de paz”.

“El presidente de la república ha decidido de manera sustentada y argumentada adelantar un espacio de conversación socio jurídico entre los representantes autorizados por el Gobierno nacional y los miembros representantes de la estructura armada organizada”, precisó el ente acusador.

Álvaro Jiménez Millán, coordinador de diálogos del Gobierno con el Clan del Golfo, subrayó que la decisión de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura para los miembros del grupo armado que participarán en los acercamientos representa “un paso adelante” en el proceso de paz, luego de que el Gobierno nacional expidiera, el 5 de agosto, un decreto con el que oficializó el inicio de los diálogos con el grupo armado.

La resolución formaliza el reconocimiento de seis miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que participarán en las conversaciones jurídicas con el Gobierno. Entre ellos se destaca Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien es el máximo líder del Clan del Golfo.

El propósito de este proceso es crear un “espacio de conversación sociojurídica” donde se evaluará la disposición de la estructura armada para integrarse al Estado de derecho, establecer los términos para su sometimiento a la justicia conforme a la ley, y contribuir a la paz en los territorios. La iniciativa está dirigida por el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño.

Al respecto, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó en conversación con El Tiempo que para que los diálogos de paz avancen, es esencial establecer lineamientos claros. Destacó que, si el Clan del Golfo entra en un marco transicional, deberán someterse a la justicia.

“Ellos operan bajo un derecho penal ordinario, que incluye preacuerdos y principios de oportunidad que podrían ser considerados. Sin embargo, no pueden integrarse a un marco transicional sin someterse a él. Estos grupos son muy distintos de los que han sido contemplados en los marcos transicionales existentes”, explicó la ministra.