El jueves 15 de agosto, el arribo de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, a Colombia generó una controversia sobre los gastos relacionados con su visita y las razones detrás de la invitación oficial por parte del gobierno.
En un ambiente de tensiones políticas y sociales, la invitación, cursada por la vicepresidenta Francia Márquez, fue objeto de críticas, por coincidir la visita mientras ocurría un paro armado en Chocó por parte de la guerrilla del ELN.
Aunque posteriormente anunciaron que el 19 de agosto levantarían el paro armado, el representante a la Cámara del partido Centro Democrático Hernán Cadavid cuestionó la visita de los duques y adicionalmente preguntó que si eso hubiera ocurrido en otro Gobierno “¿Cuántos CAI hubiesen quemado ellos?”.
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El congresista Hernán Cadavid criticó al gobierno al señalar la falta de coherencia en la reacción ciudadana ante las acciones actuales comparándolas con un hipotético escenario bajo otro presidente. Cadavid sugirió que, de ser otro el mandatario, la invitación de los príncipes en medio de la crisis en Chocó probablemente habría desencadenado actos de violencia y protestas masivas.
“Si el Presidente no fuera Petro, y hubieran traído a los príncipes a bailar mientras el departamento del Chocó se encontraba secuestrado por el ELN ¿Cuántos CAI hubiesen quemado ellos? ¿Cuántos buses se habrían robado ellos? ¿Cuántos conciertos de “indignación” habrían hecho?”, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en su cuenta de X.
Los duques de Sussex arribaron al país para una estancia de cuatro días, durante la cual visitaron Bogotá, Cartagena y Cali. Su agenda se enfoca en la justicia social, la cultura afrocolombiana y la eliminación de la violencia infantil. En Bogotá, tomaron parte en eventos dedicados a la equidad social y la protección de los niños, además de sostener encuentros con líderes locales y diversas organizaciones.
Con respecto al paro armado del ELN en el Chocó, este inició el 11 de agosto dejando todo tipo de afectaciones en las personas del departamento y se levantó el pasado 19 de agosto.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, el grupo armado afirmó que esta acción garantizará la protección de los habitantes de la región del Pacífico colombiano. “Damos por finalizado el paro armado y agradecemos a las comunidades por haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes y les invitamos a seguir organizándose y luchando por la dignidad y la defensa del territorio y la vida”, dijo el grupo armado ilegal en un comunicado.
El paro armado resultó en una grave crisis de derechos humanos, confinando a 50,000 personas, según documentaron autoridades y organizaciones sociales en sus informes. Estos reportes también señalaron que los servicios más afectados incluyeron el comercio, la alimentación, el transporte, la educación y la salud, debido, entre otras cosas, a la escasez de medicamentos.
De igual manera se registró la pérdida de tres vidas humanas. Entre las víctimas, una niña de 18 meses perdió la vida, aparentemente debido a desnutrición severa y la imposibilidad de recibir atención médica, ya que no pudo ser trasladada en lancha por el río San Juan ante las amenazas del grupo armado. Asimismo, se informó del fallecimiento de una mujer embarazada y su bebé. La mujer estaba siendo atendida por una partera, pero las complicaciones obligaron a intentar llevarla a un centro de salud. Sin embargo, ningún vehículo contaba con combustible.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado la situación y ha documentado que la infancia ha sido la más afectada. Aproximadamente 5,000 niños de 85 comunidades afro e indígenas se vieron obligados a interrumpir su educación, mientras que los maestros enfrentan amenazas.
Además, el domingo 18 estaba programado para que los estudiantes de grado 11 realizaran las pruebas Saber. Debido a las amenazas, los jóvenes de los municipios afectados por el paro no pudieron presentarse a los exámenes.
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