Universidad Militar Nueva Granada en la mira de la Contraloría: detectó hallazgos fiscales por más de $8.000 millones

La Contraloría General de la República ha identificado serias irregularidades en la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) tras una auditoría financiera correspondiente al año 2023.

Según el informe, los problemas estructurales y la imposibilidad de utilizar el edificio de posgrados ubicado en Bogotá en la Calle 94, han generado hallazgos fiscales que suman $8.092 millones.

Durante la auditoría se revelaron trece hallazgos, de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria, dos presentan incidencia fiscal y uno tiene presunta incidencia penal. Además, se solicitó la apertura de una indagación preliminar por otras irregularidades al interior de la universidad.

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El edificio de posgrados de la Calle 94, adquirido por la universidad, presenta numerosas fallas estructurales que impiden su uso adecuado. Entre los problemas detectados se destacan fisuras en el 90% de las placas, filtraciones en columnas, vigas y placas de contrapiso, pérdida de recubrimiento de concreto y acero expuesto en algunas vigas.

Estas fallas estructurales derivan, según la Contraloría, de la omisión por parte de las directivas de la universidad de realizar un peritaje estructural antes de la compra del inmueble, además de ignorar un informe presentado por la División de Servicios Generales de la universidad en noviembre de 2021.

La investigación de la Contraloría enfatiza en el estado deplorable de la estructura y la inadecuación del inmueble para fines institucionales o de educación superior, dado que desde su licencia de construcción, el uso del inmueble estaba clasificado como de comercio y servicios.

Además, en la auditoría financiera de 2022, la Contraloría ya había encontrado hallazgos fiscales de $6.497.744.340 debido a una gestión antieconómica en la compra del mismo edificio de posgrados. La adquisición se realizó basada en un avalúo de la Cámara de Comercio de Bogotá, que incluía un “factor de comercialización” sin soporte legal ni evidencias técnicas, incrementando el valor del inmueble en un 27.8%.

Sumando los hallazgos fiscales de las auditorías de 2022 y 2023, el total asciende a $14.579.685.140, lo cual representa el 63% del valor de compra del edificio, adquirido por $23.000.000.000.

Ante la denuncia del ente de control, la Universidad Militar Nueva Granada, mediante un comunicado, aclaró que mantendrá una postura transparente ante los hallazgos fiscales. “La actual rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada, reitera su disposición, colaboración, total apoyo y respeto a las acciones e investigaciones administrativas, disciplinarias, y penales que adelanten los entes de control y las determinaciones que adopten”, declaró la institución educativa.

La Contraloría también le puso la lupa al Ministerio de Educación

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ha solicitado al Ministerio de Educación tomar medidas urgentes para abordar la problemática de financiamiento en las universidades públicas. En un reciente comunicado, Rodríguez subrayó la situación crítica de la Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y Universidad del Cauca.

Según la Contraloría General, estas instituciones enfrentan variaciones significativas en sus pasivos pensionales entre 2022 y 2023. La Universidad del Cauca experimentó un aumento del 46,8 %, la Universidad del Valle un 11,1 % y la Universidad de Antioquia un 18 %.

En términos monetarios, esto se traduce en incrementos de deuda pensional de $219.000 millones de pesos para la Universidad del Cauca, $185.000 millones para la Universidad del Valle y $22.000 millones para la Universidad de Antioquia.

Rodríguez instó al ministro de Educación a comprometerse en la asignación de recursos necesarios para resolver estas preocupaciones. Indicó que la viabilidad financiera de las universidades públicas está en riesgo, lo que podría comprometer la calidad de la educación superior. Recordó que no solo hay que prestar atención al manejo presupuestal, sino también a la calidad de la enseñanza que se imparte en estas instituciones.

En su análisis, la Contraloría señaló que estos aumentos en los pasivos pensionales generan un riesgo de estabilidad para algunas universidades públicas. Destacó la necesidad de actualizar los estudios actuariales de los pensionados para asegurar que se cuenten con los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones.

La crítica situación de financiamiento en las universidades ha llevado a algunas a buscar soluciones alternativas. Por ejemplo, según fuentes, la Universidad de Antioquia está considerando la venta de algunos activos para equilibrar sus cuentas, una medida que refleja la urgente necesidad de soluciones sostenibles para garantizar el funcionamiento adecuado de estas instituciones educativas.