
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el jefe de Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, defendieron su integridad tras ser mencionados sus nombres en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Ungrd Olmedo López, el exsubdirector de desastres Sneyder Pinilla y el empresario Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevas pruebas en este escándalo de corrupción.
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El jefe de la Función Pública fue interrogado por El Tiempo sobre su relación con Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo, y sobre si fue una recomendación suya. Él negó tal relación, afirmando que “conozco a Luis Carlos Barreto, es un muchacho de Fusagasugá. Pero en ningún momento yo lo recomendé en la Ungrd, él está allá por sus estudios y conocimientos. Yo no tengo cuotas”.
Refiriéndose a las acusaciones sobre la presunta desviación de dinero de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hacia la Ungrd, Manrique enfatizó que “eso es totalmente falso. Yo soy director de la Función Pública y no soy ordenador del gasto”. Añadió que ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia lo han citado, pero planea solicitar ser escuchado para aclarar su situación.

Por su parte, Ramírez abordó las acusaciones afirmando su rol técnico en las reuniones de reformas del Gobierno. Declaró que “yo estuve en todas esas reuniones de reformas del Gobierno, pero solo en la parte técnica. Luego me retiraba porque tengo mucho que hacer”.
La audiencia de imputación, que duró más de tres horas, reveló pruebas contundentes que la Fiscalía presentó esencialmente en dos maletas de viaje. Las pruebas han dejado al descubierto alegaciones serias que deben ser investigadas minuciosamente.
El debate sobre la transparencia y la ética dentro de las instituciones públicas sigue siendo un tema caliente en la agenda nacional. Los señalamientos contra funcionarios de alto nivel dentro de la Ungrd y las implicaciones posibles de desvío de fondos públicos han levantado una polémica significativa.
César Augusto Manrique Soacha reiteró su posición de transparencia y honestidad dentro de su rol como director de la Función Pública. Indicó que “[...] en ningún momento recomendé a Luis Carlos Barreto y mucho menos participé en ninguna operación de desvío de fondos”.

Mientras tanto, Gloria Inés Ramírez destacó que su participación en las reformas gubernamentales se limitó exclusivamente a aspectos técnicos, desvinculándose de cualquier actividad irregular.
En adición a los testimonios mencionados, la audiencia trajo consigo diversas discusiones sobre las pruebas presentadas y su repercusión en la investigación en curso. La defensa de Manrique y Ramírez ha sido contundente, buscando desmarcarse de las actividades ilegales cometidas.
El caso de corrupción en la Ungrd continúa evolucionando, y se espera que las investigaciones avancen para determinar la responsabilidad de los involucrados. Tanto César Augusto Manrique como Gloria Inés Ramírez aseguraron que cooperarán plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y mantener la integridad de sus cargos públicos.
César Manrique y Olmedo López al parecer desviaron fondos de la reforma agraria, reveló informe de la Fiscalía

Varios funcionarios de alto rango se encuentran involucrados en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según documentos de la Fiscalía. Entre los mencionados se encuentra César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo para la Función Pública, y Olmedo López Martínez, implicados en desviar fondos destinados a la reforma agraria.
El informe de un investigador de campo de la Fiscalía señala que Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento del riesgo de la Ungrd, actuaba bajo influencia de Manrique y manejaba los procesos de contratación científica dentro de la entidad. Barreto fue designado por López para coordinar proyectos en La Guajira a cambio de coimas.
En la investigación también se menciona un encuentro en el despacho de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde estuvieron presentes varios ministros para coordinar el desvío de fondos. Se identificaron los nombres de Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez como participantes.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Andrea Muñoz, afirmó que los mencionados habían pactado una coima del 7% sobre la transferencia de 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la Ungrd, con contratos direccionados hacia estructuras de almacenamiento y tratamiento de agua sin la debida transparencia.
César Manrique, con trayectoria como concejal y alcalde de Fusagasugá y diversos cargos en la Gobernación de Cundinamarca y el Senado, enfrenta además un juicio en la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la compra de motos eléctricas durante su gestión como director del Fondo de Seguridad de Bogotá. La Procuraduría General de la Nación lo sancionó en julio por 10 meses, junto al exministro de Ciencia Arturo Luis Luna Tapia, debido a irregularidades en el nombramiento del embajador en México.
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