Una fuerte acusación hacia el presidente de la República, Gustavo Petro, hicieron en la jornada del martes 23 de julio los directores de los partidos Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, y de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Y está relacionada con el giro de recursos por parte del Gobierno nacional para el funcionamiento de estas colectividades, como lo contempla la ley colombiana.
Según la denuncia, el Ejecutivo estaría reteniendo el dinero que debe enviarle a cada representatividad para su ejercicio político, lo que supone una delicada situación para garantizar la participación de los diferentes sectores y, por ende, la democracia.
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“El Gobierno de Gustavo Petro se niega a desembolsar los gastos de funcionamiento de todos los partidos políticos y los gastos de oposición a quienes nos hemos declarado en ese sentido. Esto pone en grave riesgo el funcionamiento de los partidos”, advirtió Vallejo Chujfi en su perfil de X, en el que puso de manifiesto al Consejo Nacional Electoral (CNE) lo que serían estas irregularidades.
Para el directivo del partido del que hace parte el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, una forma de debilitar la democracia es ahogar financieramente a los partidos políticos y, en su juicio, asfixiarlos hasta que desaparezcan. “¿Será esta una combinación de todas las formas de lucha que tanto gusta en los comunistas?”, se cuestionó en otra de sus publicaciones.
Por su parte, Gómez Martínez señaló que frente a esta situación los partidos que están en dicha postura corren peligro y su funcionamiento se encuentra en riesgo. “Estamos preparando acciones legales para que se garanticen los derechos de la oposición”, manifestó el excandidato presidencial, que se ha convertido en uno de los políticos que ha enfilado baterías hacia la gestión del jefe de Estado.
¿Qué dice la ley sobre la obligación del Gobierno de entregar recursos a los partidos?
La Ley 130 de 1994, que define el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, al igual que dicta normas sobre su financiación y la de las campañas electorales, indica, en su título IV, artículo 12, que será deber del Estado financia el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o con representación en el Congreso, mediante la creación de un fondo “que se constituirá anualmente con un aporte de ciento cincuenta pesos ($150), por cada ciudadano inscrito en el censo electoral nacional”.
Asimismo, se establece que será el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de distribuir los recursos obtenidos en este fondo siguiendo una serie de criterios:
- A: Una suma básica fija equivalente al 10% del fondo distribuida por partes iguales entre todos los partidos y movimientos políticos.
- B: El 50% entre los partidos y movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección para el Congreso de la República o para Asambleas Departamentales, según el caso.
- C: El 10% (sic).
- D: El 30% para contribuir a las actividades que lleven a cabo los partidos y movimientos para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos.
“Las sumas previstas en los literales A y B serán de libre destinación e inversión en actividades propias de los partidos y movimientos políticos. El CNE reglamentará anualmente la forma de distribución del porcentaje señalado en el literal D de este artículo, de manera que consulte el número de votos obtenidos en la elección anterior para la Cámara de Representantes”, se precisa en dicha ley.
En relación con estas delicadas denuncias, aún no se conoce un pronunciamiento del Gobierno nacional, en el que se explique por qué se estarían reteniendo montos que deben destinarse, según reza en la ley, a los partidos y movimientos jurídicos en el territorio nacional.
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