El miércoles 10 de julio, la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de las seis etnias de la selva del Pirá Paraná, en el departamento de Vaupés que habían denunciado en junio de 2022 a la empresa estadounidense Ruby Canyon Environmental y a la colombiana Masbosques por suplantar a sus autoridades en el acuerdo para comercializar estos créditos.
El alto tribunal ordenó que las autoridades legítimas de estos pueblos se reúnan y decidan, en un plazo de seis meses, si autorizan un nuevo acuerdo con las empresas demandas.
Estos créditos de carbono, también conocidos como “bonos verdes”, son adquiridos por empresas contaminantes que aspiran a compensar así el uso de combustibles fósiles y descontar impuestos. En esta ocasión, las compañías demandadas vendieron los bonos por 3,8 millones de dólares, de los cuales dicen haber entregado el 100% a los indígenas.
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De acuerdo con el contrato suscrito en marzo de 2021, a cambio, los nativos se comprometieron a preservar una superficie selvática de 7.100 km2, casi el tamaño de Puerto Rico. Pero las tribus dicen que el acuerdo fue firmado a sus espaldas y con falsos líderes indígenas.
La aerolínea estadounidense Delta fue el cliente final de estos bonos, según el portal ecoregistry.com.
Ahora bien, si los indígenas no aceptan el nuevo acuerdo, las autoridades deben asegurar que el proyecto de créditos de carbono conocido como “Baka Rokaireno siga ejecutándose en el territorio”, ordenó la Corte.
Los indígenas dicen que los bonos trajeron una “bonanza” económica, pero también fracturas entre líderes y comunidades desacostumbradas a manejar grandes sumas de dinero.
El gobierno de Gustavo Petro ve dichos bonos de carbono una fuente de financiación para dejar atrás la extracción de hidrocarburos, aunque admite que en algunos casos hay “un aprovechamiento” por parte de las empresas que estructuran los proyectos.
Tala de árboles se incrementó un 40 % en la Amazonía colombiana en el primer trimestre
Aunque a finales del 2023 hubo entusiasmo en el Gobierno Nacional por los buenos indicadores sobre la disminución de la tala de árboles y arrasamiento de la vegetación en la región de la Amazonía, nuevamente hay desazón porque las cifras tuvieron un revés entre enero y marzo.
“La deforestación en Colombia y la Amazonía se disparó en el primer trimestre con un aumento del 40 %”, según informó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
Durante la exposición del informe sobre Alertas Tempranas de Deforestación, la funcionaria resaltó que este aumento contrastaba notablemente con la tendencia a la baja observada en años anteriores en el país.
“Podemos estar en un pico histórico”, superando incluso las cifras de deforestación registradas en el primer trimestre de 2022, “un periodo que fue terrible”, comentó.
Muhamad también expresó preocupación por las proyecciones para 2024, indicando que “Preveíamos que iba a subir la deforestación, pero no en los niveles que está subiendo”.
El alza de la deforestación fue atribuido parcialmente a la temporada de sequía exacerbada por el fenómeno de El Niño, y también a la presión ejercida por grupos armados en áreas rurales.
La ministra apuntó directamente al Estado Mayor Central (EMC), la principal fracción disidente de la antigua guerrilla de las Farc, acusándolos de obstruir la implementación de medidas de control y conservación del Plan Nacional de Desarrollo y de “impulsando la tala de bosques como mecanismo para presionar en las negociaciones de los acuerdos de paz” con el gobierno.
De acuerdo con el ministerio, el incremento de la deforestación se concentró en zonas de fuerte presencia del EMC, como los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, donde, según Muhamad, “se está poniendo a la naturaleza en mitad del conflicto”.
Por otra parte, la ministra reafirmó su respaldo a los líderes de las comunidades afectadas: “Quiero decirles a los presidentes de esas juntas comunales que cuentan con el apoyo del Gobierno, no los vamos a dejar solos”.
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