Andrés Calle respondió a la controversial contratación pública de la Cámara que supera los $70.000 millones

La Cámara de Representantes de Colombia, bajo la presidencia del congresista Andrés Calle, respondió de manera contundente a las denuncias formuladas por el concejal Daniel Briceño respecto a la suscripción de un contrato millonario destinado a la modernización tecnológica de la corporación.

Según Briceño, este contrato por un monto superior a los 70.000 millones de pesos, destinados a labores logísticas dentro de la corporación, incluyendo mejoras en iluminación, adquisición de mobiliario, pantallas y sistemas documentales, que se realizó sin seguir los procedimientos de licitación correspondientes, durante el receso legislativo y poco antes de que Andrés Calle finalizara su periodo como presidente de la mesa directiva.

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El primer contrato, de 33.700 millones de pesos, tenía como objetivo actualizar la infraestructura tecnológica de la Cámara de Representantes. Las mejoras comprenden la instalación de nuevos sistemas de iluminación, la adquisición de sillas ergonómicas, micrófonos, pantallas LED y sistemas de refrigeración para diversas áreas de la corporación, de acuerdo con lo informado por el concejal.

Briceño expresó preocupación por los costos elevados asociados a estos equipos, resaltando que dos pantallas LED tuvieron un costo superior a los 1.400 millones de pesos y que una cámara profesional de televisión alcanzó los 46 millones de pesos.

El segundo contrato, también ejecutado bajo la modalidad de contrato de comisión, tiene un valor de 37.211 millones de pesos y está dirigido a mejorar el sistema documental de la Cámara. Briceño criticó que una parte considerable del presupuesto de este contrato, específicamente más de 1.237 millones de pesos colombianos, se destinara a actividades de ‘socialización’ y ‘sensibilización’, aspecto que consideró preocupante.

En contraposición a estas afirmaciones, la División Jurídica de la Cámara de Representantes destacó que todas las acciones contractuales se llevaron a cabo en estricto apego a los principios de la contratación pública vigentes en el país.

De acuerdo con la masiva: “Todos los procesos contractuales se adelantan ceñidos a los principios de la contratación pública establecidos en el país y en ningún momento se llevó a cabo un proceso ‘a dedo’, sino a través del mecanismo de Bolsa Mercantil establecido en la Ley de Contratación Pública y que NO corresponde a una contratación directa (sic)”.

Este mecanismo, según la Cámara, promueve una modalidad ágil, transparente y segura, donde los precios son formados por el mercado, asegurando así condiciones equitativas para todas las entidades públicas involucradas. Además, recalcan que los recursos destinados a esta modernización tecnológica provienen de proyectos de inversión previamente viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Respecto a las acusaciones sobre la ausencia de estudios de mercado adecuados antes de la contratación, la Cámara de Representantes aclaró que todos los contratos fueron precedidos por estudios rigurosos que determinaron que los precios acordados se encuentran dentro de los parámetros del mercado actual. Esta medida busca garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y responsable, maximizando los beneficios para la labor legislativa, de acuerdo con la masiva.

Por otro lado, Andrés Calle enfatizó que como presidente de la corporación, no tiene injerencia alguna en las decisiones de contratación, ya que esta responsabilidad recae exclusivamente en la Dirección Administrativa.

“Si bien el Presidente de la Cámara de Representantes es el Representante Legal, de manera excepcional frente a las demás entidades del sector público, no tiene la competencia de contratar, al igual que no la tienen los demás miembros de la Mesa Directiva”, aclaró Calle en su comunicado.

Asimismo, el presidente saliente hizo hincapié en que las contrataciones realizadas en la Cámara de Representantes no requieren de su aprobación personal, al destacar así el carácter independiente de las decisiones administrativas dentro de la corporación.