Trabajadores del Ministerio de Trabajo de Colombia se encuentran en una huelga indefinida, desde el 31 de mayo, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos colectivos. La protesta se ha extendido por 28 días sin alcanzar un consenso entre las partes.
El miércoles 27 de junio, el ministro encargado de Trabajo, Iván Jaramillo, y la procuradora delegada para Asuntos de Trabajo, Diana Margarita Ojeda, declararon públicamente que no se pagarán los días no laborados a los huelguistas. Ambos funcionarios atribuyen la falta de acuerdo a temas económicos y jurídicos que impiden el reconocimiento de bonificaciones solicitadas por los empleados en huelga.
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Ojeda advirtió sobre el impacto negativo de la huelga, afirmando que “están perjudicando gravemente el resto del país”, y subrayó la importancia de dejar el cese de actividades para resolver las quejas laborales.
“Lo que ellos van a hacer con los trabajadores del Ministerio del Trabajo no pagando una explicación de que como estamos en ese entonces no tenemos derecho al salario”, declaró un portavoz de los trabajadores. Esta declaración se manifestó tras conocerse la medida del ministerio de no pagar los salarios correspondientes a los empleados en las fechas establecidas.
La huelga ha provocado el cierre de oficinas y afectado más de 152 inspecciones municipales de trabajo a lo largo del país. Eleazar Falla López, representante de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CUT), explicó que los protestantes buscan exigir el cumplimiento de acuerdos colectivos previos, el último de los cuales se firmó en 2023.
Los trabajadores han solicitado reunirse con la ministra Gloria Inés Ramírez, nuevamente, esta vez para dialogar sobre sus peticiones. Las manifestaciones han contado con la participación de empleados de diversas regiones, incluyendo Bogotá, Valledupar y Cali, quienes demandan la mejora de sus derechos laborales.
El sindicato acusa a la administración de ignorar sus demandas en proceso legal, no es la primera vez
El sindicato de trabajadores ha expresado su descontento con la actual administración, acusándola de no permitirles ser escuchados en un proceso legal. Estas denuncias han sido presentadas porque, según las autoridades, todos los empleados tienen derecho a ser partícipes en procedimientos laborales. El vocero del sindicato indicó que su principal preocupación es la falta de oportunidades para dialogar con el Gobierno Nacional desde el Ministerio del Trabajo.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, declaró en una rueda de prensa su compromiso de garantizar que los procesos laborales sean justos y transparentes, asegurando que el gobierno respetará las garantías constitucionales. Ramírez enfatizó: “Este gobierno, el gobierno del cambio, siempre dará las garantías constitucionales, en este caso, que los trabajadores y trabajadoras se pronuncien”.
La administración también sostuvo que no tomará represalias contra los trabajadores en huelga y se aseguró de estar pendiente del desarrollo del procedimiento. Recientemente, las autoridades destacaron su disposición a escuchar y atender las demandas de los trabajadores.
De acuerdo con una carta enviada al ministerio, los sindicatos han señalado una serie de comportamientos que consideran violaciones a sus derechos de huelga. El Comité de Huelga acusó a altos directivos, incluyendo a la directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, de presionar a los empleados para continuar trabajando durante la huelga mediante actos administrativos y capacitaciones obligatorias. Asimismo, se ha instruido a algunos funcionarios a trabajar desde casa, lo cual los sindicatos interpretan como una maniobra para debilitar el paro.
En respuesta a estas preocupaciones, los sindicatos hacen un llamado a respetar su derecho a la huelga y reafirman su disposición al diálogo para encontrar soluciones.
El Ministerio del Trabajo ha respondido aprobando una de las demandas sindicales, una bonificación especial por compensación del 50%, pactada en el convenio sindical 2023-2025. Este bono supondrá un coste anual de más de 5.500 millones de pesos para 2024. A pesar de esto, el ministerio ha solicitado a los trabajadores en huelga que retomen sus labores.
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