La Corte Suprema de Justicia deberá determinar qué juez llevará adelante la audiencia de imputación contra seis policías investigados por presunta tortura relacionada con la muerte del narco Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido bajo el alias de Matamba. Es así que la Sala de Casación Penal decidirá si la audiencia será asumida por el juez promiscuo de El Peñón, Santander, o por un juez de Bucaramanga.
El fiscal del caso argumentó que el juez competente debería ser uno penal municipal ambulante de Bucaramanga, debido a las complicaciones logísticas y de seguridad que presenta El Peñón, una zona rural que se ubica a dos horas del municipio de Velez, es de difícil acceso puesto que la vía no se encuentra pavimentada y el transporte de los acusados resultaría dispendiosa. Eso, sin contar que la infraestructura es inadecuada para llevar a cabo audiencias seguras.
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También es importante mencionar que las instalaciones judiciales en El Peñón son reducidas y no aptas para una audiencia preliminar con seis indiciados, sostuvo el fiscal: “Las instalaciones del despacho judicial son ampliamente reducidas e impiden la realización presencial de alguna audiencia preliminar como las solicitadas contra seis (6) indiciados de las características citadas y obviamente por la calidad que ostentan, las condiciones de seguridad no serían las adecuadas, antes, durante y después de su celebración, máxime si se trata no solo de la audiencia de formulación de imputación, sino de la eventual imposición de medidas de aseguramiento”, se lee en el auto conocido por Caracol Radio.
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Igualmente, el juez del caso remitió la decisión a la Corte Suprema basándose en el artículo 32 numeral 3, del Código de Procedimiento Penal, que establece que este tribunal debe resolver competencias en casos de aforados constitucionales y legales o cuando se trate de juzgados de distintos distritos.
En adición, la Justicia Penal Militar también reclamó competencia sobre el caso. Cabe recordar que, los implicados son un mayor, tres subintendentes y dos intendentes de la Policía Nacional, todos ellos adscritos al Comando Jungla de la Dirección Antinarcóticos. A estos individuos se les investiga por homicidio y tortura agravados supuestamente cometidos durante un enfrentamiento armado en una finca de Bolívar, Santander, el 26 de mayo de 2022, donde murió Matamba.
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Alias Matamba era requerido por las autoridades tras fugarse de la cárcel de la Picota de Bogotá el 18 de marzo de 2022 con ayuda de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las autoridades presumen que la orden era silenciarlo para que no revelara información sobre rutas de narcotráfico y nombres de militares y policías a su servicio.
Hijo de ‘Matamba’ denunció amenazas tras declarar sobre asesinato de su padre
En otro contexto, a finales de mayo, Juan David Castro Otálvaro, hijo de Matamba, presentó su declaración ante la Fiscalía General sobre el asesinato de su padre, vinculado al Clan del Golfo. En el testimonio, denunció que ha sido víctima de atentados y amenazas desde el crimen de su padre y su huida de la cárcel en 2022.
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La declaración de Castro Otálvaro es crucial en la investigación contra los seis policías del Comando Jungla presuntamente implicados. Según la abogada del declarante, Angélica Martínez Cujar, la seguridad de Castro Otálvaro es prioritaria debido a las intimidaciones recibidas. La jurista solicitó a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad especial para Castro Otálvaro y ella misma, debido al riesgo que enfrentan por la naturaleza del caso; además afirmó que existen grabaciones que evidencian la tortura y asesinato de Matamba, perpetrados supuestamente por los policías.
La Fiscalía sostiene que posee pruebas suficientes para imputarles cargos. Según las investigaciones, los oficiales habrían manipulado un enfrentamiento armado para encubrir el homicidio de Matamba, conocido por ser un enlace clave entre el Clan del Golfo y militares en Nariño y que estaba implicado en la exportación de cocaína asociado con el cartel de Sinaloa.
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