En horas de la mañana del martes 18 de junio, el excanciller Álvaro Leyva cumplió su cita en la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de dar su versión libre en la caso de la licitación de los pasaportes.
El exministro de Relaciones Exteriores asistió al Ministerio Público de manera presencial con el propósito de explicar las razones que lo llevaron a frenar la licitación con la empresa Thomas Greg & Sons para producción y entrega de pasaportes. La decisión le costó Álvaro Leyva seis meses de suspensión por parte de la Procuraduría, y su posterior salida del Gobierno nacional.
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El excanciller en su declaración aseguró que el presidente Gustavo Petro le llamó la atención “porque solo existía una empresa que entrega los pasaportes en Colombia: Me abrió los ojos y me llevó a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenía razón el presidente”.
Por tal motivo, indicó que entró a revisar el proceso, asumiendo su responsabilidad “mediante la resolución 7076 del 2 de septiembre de 2023 para conocer específicamente este caso. Me sentí responsable, había que adentrarse aquí y así lo hice”.
El exministro de Relaciones Exteriores aseguró que al hacerlo encontró “una denuncia penal contra la resolución, una acción popular contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y observaciones de la propia Procuraduría. Me di cuenta de que algo estaba sucediendo, entonces esa licitación se declaró desierta porque el pliego de condiciones se estructuró de manera de la única empresa que ha prestado el servicio”.
Leyva precisó ante el despacho del procurador Ernesto Espinosa que la decisión de declarar desierta la licitación fue un “acto de buena fe. Pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplicó el principio de interés general, de económica, de transparencia, de responsabilidad”.
Y agregó: “Pareciera que es la única empresa en el universo que históricamente pudiera cumplir con los requisitos de la licitación desde los 70. Eso no desdice de la empresa, desdice del Estado. La pregunta era si Thomas Greg & Sons es sinónimo de perfección absoluta”.
Álvaro Leyva enfatizó como “sindicato del pasado” al explicar que “no es que se haya perseguido a una empresa y desconocido su derecho”, ya que según él, los cuestionamientos de una presunta licitación a favor de la empresa no son para atacarla.
En el proceso que adelanta la Procuraduría contra el excanciller Leyva, ya han declarado Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y Antonio José Salazar, exsecretario general de la Cancillería.
Durante su intervención, Zamora narró que Leyva le advirtió sobre el largo tiempo que tomaría una demanda, pero insistió en que había un “grave tema de corrupción” y que tenía documentos “muy graves” que daban cuenta de ello.
En su testimonio, la exdirectora de la Agencia Jurídica destacó que fue objeto de agresión verbal por parte del excanciller en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, debido a su falta de alineación con los intereses del presidente Gustavo Petro.
Zamora describió el encuentro que se dio en la sede de la Agencia Jurídica del Estado: “Él empezó a decirme, a mover las manos y a decirme: ‘Yo tengo que hablar con usted. ¿Usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales?’”.
Por su parte, Antonio José Salazar después de su declaración ante la Procuraduría aseguró que no logró entender las razones del Ministerio Público para iniciar una investigación disciplinaria en contra del exministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo con el exfuncionario, la resolución que declaró esa licitación tenía una justificación y una razón, por lo que afirmó que habría otros mecanismos para abordar este caso.
“El acto administrativo que despidió Álvaro Leyva, declarando desierta la licitación tiene una motivación, tiene una argumentación, lo hizo como ministro, y yo no entiendo cómo en un proceso disciplinario se haga una investigación por un acto administrativo que se ha expedido con una motivación que es la que él consideraba, para eso existe un mecanismo administrativos que es la nulidad de los actos administrativos por falsa motivación”, precisó Salazar.
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