En Medellín se aplicó extinción de dominio a, al menos, 25 propiedades y vehículos, algunos de los cuales estarían vinculados a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Se investiga si estos bienes, que incluyen apartamentos, motos de lujo y otras propiedades, que habrían sido adquiridos con recursos públicos.
En la tarde del viernes 14 de junio, la Fiscalía llevó a cabo un operativo de extinción de dominio sobre los más de 20 bienes. De acuerdo con la información del ente acusador, las propiedades relacionadas con los servidores, cuyo valor asciende a más de 3.000 millones de pesos, habrían sido obtenidas mediante irregularidades y delitos relacionados con la administración pública.
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El operativo se desplegó en cinco municipios de Antioquia: Medellín, Marinilla, Urrao, Girardota y Copacabana, donde se incautaron cuatro apartamentos, cuatro casas, cuatro parqueaderos, ocho vehículos y varios establecimientos comerciales.
Información publicada por El Colombiano, medio periodístico antioqueño, indicó que la Fiscalía sugiere que los bienes fueron adquiridos a través de terceros que habrían actuado como fachada para camuflar el dinero obtenido de manera ilegal. De hecho, los implicados habrían promovido licitaciones para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con el uso de recursos públicos destinados a este centro recreativo de Medellín.
Es decir, las propiedades estarían presuntamente relacionadas con el escándalo de la malversación de fondos de este lugar de esparcimiento, que ya venía sonando desde enero del 2024.
Según un artículo de El Tiempo, entre los posibles vinculados se encuentran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerente de Metroparques; y Jorge Enrique Liévano Ospina, también exgerente de Metroparques.
Se conoce que Villada García posee cinco propiedades en el municipio de Girardota; en estas se incluyen cuatro penthouses y un lote, además de una casa en el barrio Belén Rosales de Medellín. Liévano Ospina, por su parte, sería propietario de un apartamento en Tricentenario, al norte de Medellín, y un Jeep 2022 registrado a nombre de una empresa textil vinculada con contratos de Metroparques, como publicó el medio.
Para retormar lo que sucedió en enero, la Fiscalía imputó a estos funcionarios a razón de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas, con una presunta desviación de 2.800 millones de pesos en al menos tres contratos irregulares. Además, Liévano Ospina ya enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades contractuales en el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.
Corrupción en el Parque de las Aguas: $22.000 millones desaparecidos
A principios de marzo de 2024, se reveló que el Parque de las Aguas estaría siendo un escenario de corrupción durante la administración de Daniel Quintero. Los toboganes del parque, una de sus principales atracciones, quedaron en desuso, junto con $22.000 millones de pesos destinados a su mantenimiento, como informaron las autoridades en ese entonces.
El alcalde Federico Gutiérrez denunció que, durante el mandato de Quintero, se otorgaron contratos a personas sin la experiencia necesaria. Estos fueron gestionados entre el Área Metropolitana y Metroparques, tenían el objetivo de garantizar el buen estado de las atracciones. Sin embargo, esto no se cumplió, y los toboganes permanecieron cerrados por más de 20 meses.
El cierre se debió a que, a pesar de los millonarios contratos adjudicados para el mantenimiento de los toboganes, las labores correspondientes nunca se realizaron. Los hallazgos indican un claro desvío de recursos que debían ser destinados a la conservación de estas instalaciones, pero que aparentemente fueron mal utilizados.
Sellaron restaurantes en Medellín vinculados a presunto narcotraficante
La Fiscalía General de la Nación dio un contundente golpe a una presunta red de narcotráfico, que dejó sin operación a una cadena de restaurantes de comida oriental, con fines de extinción de dominio. Los bienes, con un valor preliminar de 11.380 millones de pesos, están distribuidos en varias ciudades, incluyendo Pereira, Cali, Medellín, Envigado, Rionegro y Bogotá.
En total, 16 restaurantes fueron clausurados en el país, supuestamente vinculados a Julio Andrés M. F., alias ‘H-1′ o ‘El Zar’, quien fue detenido en febrero pasado bajo una solicitud de extradición de las autoridades españolas. Este individuo enfrenta serias acusaciones por su presunta participación en una red de tráfico de cocaína hacia España.
Las investigaciones revelan que las rentas ilícitas obtenidas por ‘El Zar’ fueron utilizadas para adquirir inmuebles y crear sociedades comerciales. Tras su captura, se descubrió que sus socios habrían utilizado a terceros para administrar estas empresas, con el objetivo de evadir el control de las autoridades.
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