Corrupción en la Ungrd: Olmedo López vincula a Carlos Ramón González, director de inteligencia, en el escándalo de los carrotanques

En las últimas horas, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó formalmente un documento ante la Fiscalía, revelando detalles que podrían implicar a altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y a congresistas en el escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira. Según información difundida por Blu Radio, López ofreció una matriz de colaboración con la justicia con la intención de obtener beneficios judiciales por los delitos que lo acusan.

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El documento entregado por López detalla elementos materiales probatorios, entre los que se incluyen chats, videos, fotos y documentos. Estos materiales, en su opinión, podrían facilitar la judicialización de siete personas, dentro de las cuales se destacan dos funcionarios que hasta hace poco pertenecían al círculo de asesores más cercano a Petro. De acuerdo con la misma fuente, López se reunió con la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia y con la fiscal 79 Anticorrupción para entregar esta información.

Entre los nombres mencionados en la matriz de colaboración destaca Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que fue sustituido en febrero de este año por Laura Sarabia.

El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, además de la información digital y escrita aportó testimonios y análisis financieros que alegan inconsistencias en la asignación de recursos. Sin embargo, no detalló en que consistió la participación de González Merchán, por lo que todavía se está a la espera de más detalles al respecto.

Otras personalidades que incluye la matriz

El presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, son algunos de los nombres destacados en la matriz de colaboración entregada por Olmedo López a la Fiscalía. López, ha indicado su disposición a colaborar con las autoridades con el objetivo de obtener un principio de oportunidad, que podría ser el primer beneficio penal que reciba.

En paralelo, González, una figura histórica del partido Verde y exguerrillero del M-19, actualmente lidera la Dirección Nacional de Inteligencia en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta posición crítica lo coloca en el centro de atención, considerando las nuevas revelaciones sobre su pasado y su presunto involucramiento en el entramado revelado por López.

Otro nombre relevante en la lista proporcionada por López es el de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, también del Partido Verde. Ortiz, quien lideraba la agenda de las giras presidenciales de Petro, fue retirada de su cargo hace un mes, coincidiendo con la aparición del escándalo de corrupción vinculado a los carrotanques. De acuerdo con la Fiscalía, “Ortiz desempeñó roles claves que facilitan trazar los nexos de esta red de ilícitos.”

Entre los otros implicados se encuentra el contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero y Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor del despacho de López cuando dirigía la Unidad de Gestión de Riesgo. Melo, en entrevistas anteriores, describió a López como un “estratega operativo eficiente”, pero los recientes hallazgos ponen en tela de juicio esta afirmación.

El escándalo comenzó a tomar forma cuando se empezaron a conocer irregularidades significativas en la celebración de contratos públicos y documentos alterados, acciones que López ha admitido. “Estamos ante casos de peculado y concierto para delinquir,” especificó su abogado, solicitando que la Fiscalía incluya estos delitos en el principio de oportunidad. López también ha señalado su implicación en “interés indebido en la celebración de contratos” y “falsedad en documento público,” delitos que se tratarán en un preacuerdo que también está en negociación.

El caso de los carrotanques se perfila como uno de los episodios de corrupción más resonantes del presente gobierno, y la participación de figuras de alto perfil ha generado un sinfín de reacciones políticas y mediáticas. Asimismo, este caso plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión pública bajo la administración de Gustavo Petro.