La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha iniciado formalmente la investigación en el caso conocido como ‘Parqueadero Padilla’ y los financiadores del paramilitarismo en Antioquia, con la citación a declarar a Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, quien fungiera como jefe financiero de la Casa Castaño.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, en medio del Caso No. 08, ha ordenado la práctica de la diligencia de testimonio reservado del señor Soto Toro.
El artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017 fue el que dio origen a la mencionada Sala de Reconocimiento, asignándole la competencia para desarrollar su trabajo basado en “criterios de priorización elaborados a partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad en los mismos”.
Dentro de este marco, se aprobó la movilidad vertical del magistrado Gustavo Salazar Arbeláez y su equipo de trabajo, procedentes de la Sección de Primera Instancia para Casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR), hacia la Sala de Reconocimiento. Esta movilidad fue validada según el Acuerdo del órgano de Gobierno No. 038 del 1 de noviembre de 2023, y tendrá un período de dieciocho meses.
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En el documento, la JEP subraya que este ajuste organizativo es un paso necesario para garantizar la efectividad en el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades involucradas.
La investigación del caso ‘Parqueadero Padilla’ ocurre en medio de una serie de procesos que buscan establecer las conexiones y financiamientos relacionados con actividades paramilitares en la región de Antioquia. Este proceso se efectuará bajo estrictas condiciones de confidencialidad, como lo dictamina la naturaleza del testimonio reservado.
La citación de Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, representa un paso significativo en la búsqueda de la verdad en torno a la financiación y apoyo logístico a grupos paramilitares. Soto, en su rol como jefe financiero, poseía conocimientos detallados sobre el flujo de recursos y el manejo financiero de la Casa Castaño, una de las estructuras criminales más relevantes del paramilitarismo en Colombia.
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El avance de esta investigación es observado con atención por las víctimas del conflicto en la región.
El caso ‘Parqueadero Padilla’
El caso ‘Parqueadero Padilla’ es un evento significativo en la historia del conflicto armado en Colombia, particularmente en relación con las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Lo anterior, ya que en mayo de 1998 el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) llegó al Parqueadero Padilla, donde encontraron pruebas de cómo se financiaron las Autodefensas de Córdoba y Urabá. El hallazgo incluyó interceptaciones telefónicas y la captura de un vehículo cargado de uniformes de los paramilitares. Se reveló que 481 personas habrían contribuido financieramente a las Autodefensas.
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El caso reveló una compleja red de financiación de las Autodefensas, con evidencias de al menos 495 cuentas bancarias involucradas en transacciones financieras con los grupos paramilitares, así como un listado de empresas privadas y personas naturales que aportaron recursos. A pesar de las pruebas encontradas, el caso no avanzó significativamente en la justicia, y se reportaron asesinatos de miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín, pérdida de documentación y estancamiento del proceso judicial.
En cuanto a los financiadores del paramilitarismo en Antioquia, hay informes que detallan la presencia y poder de nuevos grupos paramilitares en el departamento, con presencia en 112 municipios y un arsenal comparable al de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos han sido vinculados a múltiples violaciones de derechos humanos y se ha señalado la posible connivencia con fuerzas del Estado.
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Es importante mencionar que financiar a grupos paramilitares es un delito de lesa humanidad en Colombia, y la justicia continúa investigando estos casos para esclarecer responsabilidades y avanzar en la reconciliación.
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