Congresistas le cerraron la puerta a beneficios a Iván Márquez por negociación con la Segunda Marquetalia: cuál es el problema

El Gobierno nacional decidió darle una segunda oportunidad a Iván Márquez y le abrió una mesa de negociaciones como líder de la Segunda Marquetalia, pero su historia de negociador, que pasó de ser firmante de paz para convertirse nuevamente guerrillero, es un panorama complejo para el marco jurídico de la paz en Colombia, según advierten desde el Congreso.

La idea de tener una nueva mesa de negociación con Márquez, quien fue negociador de la paz con las Farc en La Habana y volvió a la vida civil por unos cuantos meses con ese acuerdo, ha sido una discusión sin agotar desde que el presidente Gustavo Petro propuso la llamada Paz Total.

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Ahora que el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, apareció en Caracas junto a Márquez para anunciar el inicio formal de una mesa de diálogos, la discusión volvió a ponerse sobre la mesa. Para algunos congresistas, el indeciso líder guerrillero no podría recibir beneficios de la negociación.

“En la negociación con ‘Iván Márquez’ el Gobierno le encontró el camino jurídico declarándolo como un grupo político. Sin embargo, si se llegara a firmar es muy difícil que se sostenga porque no puede haber beneficios jurídicos para quienes firmaron el acuerdo de paz en 2016 y cometieron un crímenes después de esa fecha”, señaló el senador Ariel Ávila, citó RCN Radio.

El congresista se basa en que el acuerdo de paz con las Farc fue incorporado a la Constitución colombiana, por lo que no podría en el marco de una negociación con un grupo armado, saltarse las normas para ser beneficiado nuevamente con los subrogados que desconoció al armarse nuevamente.

Para el senador de la Alianza Verde, el panorama es tan complejo que incluso señaló que se necesitaría una reforma constitucional para abrirle la puerta a Márquez a beneficios jurídicos, pero en el contexto del Congreso no cree que el Gobierno tenga la capacidad de hacer aprobar un acto legislativo en ese sentido.

“Los acuerdos de La Habana están incluidos en la constitución, así que habría que hacer un acto legislativo para cambiar eso, lo cual es imposible en este momento”, aseguró Ávila.

Las normas que crearon la Jurisdicción Especial para la Paz condicionaron los beneficios de los comparecientes al cumplimiento de los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición, los cuales incumplió Márquez al alzar nuevamente las armas, tras haber recibido la libertad después de la firma del acuerdo.

Hay un debate jurídico, debido a que se señala que una persona que recibió beneficios como parte de un proceso transicional no podrá recibirlos en otro. Sin embargo, hay varias interpretaciones al respecto, en las que algunas sostienen que es viable, siempre y cuando la persona renuncie a uno de ellos.

“Puntualmente, debe hacerse como parte de la negociación una reforma al artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 del 2012 que establece la imposibilidad de aplicar instrumentos de justicia transicional a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”, explicó Diego Martínez, asesor del proceso de paz de 2016 a El Espectador.

El senador Iván Cepeda que “en las negociaciones también hay posibilidad de cambien las reglas de juego y si hay una reforma constitucional en el futuro que pudiera habilitar esa posibilidad, lo que sí está claro es que no puede haber impunidad”, según citó RCN Radio.

Esta será una discusión álgida dentro de la mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia, porque se deberá definir el escenario en el que podría darse cumplimiento a un eventual acuerdo de paz con el Estado. Pero por el momento se descarta que puedan ser acogidos nuevamente por la JEP.