Desalojan gigantesco lote propiedad de un narco que se había convertido en la invasión más grande de Colombia: fue ocupado por más de 6 mil familias

El desalojo de la Hacienda Santa Elena en Caucasia, una propiedad de 378 hectáreas, se inició tras la emisión del decreto 0064 por parte de la Alcaldía de Caucasia. Las medidas incluyen ley seca, prohibición de parrillero en motocicletas y otras restricciones de movilidad.

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El decreto, emitido el 27 de mayo de 2024, establece varias disposiciones que han generado disputas. La ley seca comenzó a las 10 de la noche del 27 de mayo y se extenderá hasta las 9 de la mañana del 31 de mayo. Desde las 6 de la mañana del 28 de mayo, hasta la misma hora del día 31, se prohíben las mudanzas y el tránsito de vehículos con escombros, desechos y otros materiales. Además, se restringe el uso de drones en el casco urbano, el estacionamiento en zonas cercanas a la hacienda y el porte de armas.

Entre las medidas adoptadas, también se incluía la prohibición del tránsito de motos con parrilleros y la movilización de personas en partes externas de vehículos. Estas restricciones, de acuerdo con la administración, fueron tomadas con el objetivo de facilitar el procedimiento de desalojo y mantener el orden en el municipio.

Finalmente, la alcaldía llamó a la cooperación de los ciudadanos para efectuar el proceso de manera pacífica y ordenada, subrayando la importancia de respetar las directrices establecidas en el decreto.

El domingo 24 de marzo del 2024, se observó un aumento significativo de personas en un terreno perteneciente a la comuna La América de Medellín. Días después, el presidente Gustavo Petro, en su visita a Caucasia, pidió a las autoridades locales buscar tierras para las familias sin vivienda, lo que generó una afluencia aún mayor al mencionado predio.

La Hacienda Santa Elena es descrita como una de las mayores ocupaciones ilegales de tierras en Colombia. La controversia estalló cuando algunos líderes políticos, entre ellos los senadores Ómar Restrepo del Partido Comunes e Isabel Zuleta del Pacto Histórico, criticaron las decisiones del gobierno local. Zuleta incluso anunció la intención de tomar acciones legales.

Desde 1998, el terreno en cuestión formó parte de los activos de Juan Gabriel Úsuga Noreña, un narcotraficante confeso y extraditado a Estados Unidos en 2001. De acuerdo con las escrituras de los tres lotes que componen la hacienda, Úsuga pagó por ellos 1.225 millones de pesos y dos años después puso el lote a nombre de la sociedad Finca Santa Helena S.A.. En 2003, esta sociedad le vendió Promigas, una empresa de transporte de gas y energía, una servidumbre por 25 millones de pesos. El 2004, la Fiscalía embargó la propiedad con miras a extinción de dominio.

Actualmente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra el terreno. La SAE ha recomendado a la Inspección de Policía y autoridades locales suspender cualquier desalojo, afirmando que no existe registro de arrendatarios con derechos sobre el predio. Un comunicado publicado el 24 de mayo establece que “no es la ocupación la vía para acceder a bienes de la SAE”, e informó la instalación de una mesa de diálogo para buscar alternativas, caracterizar a la comunidad y proteger sus derechos.

“La SAE como administradora de la propiedad del predio Santa Elena en Caucasia, Antioquia, informa que: No existe arrendatario alguno que pueda exigir derechos sobre el predio. Solicita a la Inspección de Policía y autoridades locales, suspender cualquier diligencia de desalojo. En este gobierno no se utiliza la fuerza con el pueblo, nos reuniremos con las familias que hoy ocupan el predio para consensuar alternativas a través del diálogo”, expresaron puntualmente desde la entidad.

La Alcaldía de Caucasia y la Gobernación de Antioquia mantienen una postura contraria a la invasión, dando lugar a diferencias públicas con la SAE, que se rehúsa a expulsar a las personas del sitio.

En términos de números, Santa Elena es una área extensa que simboliza el escudo de bienvenida y esperanza en la lucha por la vivienda.

El 28 de mayo, comenzó el procedimiento de desalojo, a pesar del llamado de la SAE para suspender dichas acciones. Las autoridades locales buscan soluciones a la escasez de viviendas de forma pacífica, y desde la administración municipal se rechazan las ocupaciones ilegales.

Se está a la espera de ver cómo evoluciona la situación y si se llaga a un acuerdo tanto con los pobladores como con las autoridades locales.