El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional ante la CIDH en el asesinato de Gloria Lara

El Estado colombiano ofreció disculpas por la impunidad que ha rodeado el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, una destacada líder social y política, de acuerdo con información obtenida por la emisora Caracol Radio.

Lara fue secuestrada en junio de 1982 y apareció muerta, con un tiro en la cabeza, el 28 de noviembre del mismo año.

En el momento de su secuestro, Lara era la Directora Nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. En su rol, había encabezado iniciativas para el reconocimiento de la expropiación de tierras a favor de las comunidades indígenas del país.

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Este miércoles, después de más de cuatro décadas sin justicia, se llevó a cabo un acto público en el que el Estado reconoce su responsabilidad en este caso. Participaron miembros de su familia, quienes han insistido en la importancia de conocer la verdad sobre estos eventos trágicos.

Gloria Lara estuvo secuestrada durante 150 días. Su cuerpo fue hallado en la puerta de una iglesia en el barrio Bonanza de Bogotá, tras una llamada anónima a un periodista del diario El Bogotano.

Lara fue secuestrada por hombres armados mientras se dirigía a su casa en su vehículo, conducido por su chofer. No fue hasta el 11 de julio de 1982 que se tuvo el primer indicio de su estado, cuando los secuestradores enviaron al diario El Bogotano una foto de Lara junto a un hombre encapuchado y armado.

Tres meses después, el mismo periódico confirmó que el cuerpo sin vida de Gloria Lara había sido encontrado frente a la mencionada iglesia en Bogotá, envuelto en una tela con las letras (ORP), señalando a una supuesta Organización Revolucionaria del Pueblo como responsable.

Desde entonces, se inició una investigación que aún no ha concluido. La familia de Lara ha persistido en su lucha por la verdad y la justicia respecto a su muerte.

Entre 1982 y 1998, tras agotar todas las instancias judiciales nacionales, el sistema judicial colombiano no logró ofrecer ninguna respuesta efectiva en el caso. Debido a la falta de acción de la justicia interna, en 2012, su hijo Héctor Manuel Echeverri Lara presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado colombiano, argumentando la falta de investigación y sanción a los responsables, así como la negación de la verdad a su familia y a la sociedad colombiana.

Diez años después, en 2022, la CIDH admitió la petición de la familia de Gloria Lara, reconociendo la violación de los derechos establecidos en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este reconocimiento público de responsabilidad se deriva de una orden de la CIDH y un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) entre la representante de las víctimas y los tres hijos de Gloria Lara. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado realizó el acto de reconocimiento por la grave violación de los derechos humanos sufridos por Gloria Lara de Echeverri y sus hijos.