El Gobierno enfrenta una severa crisis de caja, con fondos disponibles de apenas tres billones de pesos, lo que representa solo el 10% del promedio habitual, según reveló un informe del Banco de Bogotá. Para algunos economistas, todo indica que hay un desbalance significativo entre el crecimiento del gasto público y la baja recaudación tributaria.

La situación se agrava, aseguran los especialistas, pues el desbalance financiero no es lo único que está afectando a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Según los mismos trabajadores y representantes del sindicato, “hay una masacre laboral”, que ha dejado por fuera a funcionarios de carrera.

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El pasado sábado 18 de mayo, miembros la Organización Sindical de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Sihtac) se manifestaron contra el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. Los manifestantes, encabezados por Ángela Mera, presidenta de Sihtac, criticaron la gestión de Reyes, a quien señalaron de utilizar su presencia en redes sociales para silenciar las voces críticas dentro de la Dian.

Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, se reunió con los empleados afectados y dijo: “La pérdida del empleo es una tragedia y por eso fuimos hasta la Corte Constitucional tratando de evitarlo”.

El 15 de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó, tras un fallo de tutela, proveer 154 vacantes para el cargo de Facilitador III. Esto implica, dice la dirección de la entidad, el despido de las personas que ocupan esos cargos como provisionales. Sin embargo, dicen los trabajadores, quienes están de provisionales llevan varios años en la entidad por lo que no es justo su despido.

Además, alega el sindicato, estos puestos provisionales no corresponden a cargos otorgados por decisiones clientelistas, que vayan cambiando conforme lo hace el Gobierno de turno.

“La administración comparte con los funcionarios el rechazo vehemente a este fallo judicial. La intención de la entidad siempre ha sido conservar la curva de conocimiento y reconocer el trabajo invaluable de quienes forman parte de su equipo”, indicó en un comunicado la Dian el viernes 17 de mayo. No obstante, allí mismo indican que deben dar cumplimiento a la decisión judicial.

Al respecto, la representante del Sihtac dijo a Blu Radio que la entidad podía haberse cobijado bajo una figura legal: la herramienta de la sala consultiva del Consejo de Estado, esto con el fin de evitar el despido de las decenas de funcionario que han prestado su labor por años al Estado. “Sin embargo, él [Luis Carlos Reyes] decidió no hacerlo. No sabemos por qué”, afirmó la trabajadora. Con esa herramienta sería posible que el Concejo de Estado reexplicara la orden de cumplimiento de la tutela y podría cambiar el despido masivo.

Para intentar minimizar los daños, Reyes indicó que los empleados afectados por la tutela pueden solicitar estabilidad laboral reforzada, especialmente si son los principales proveedores de su familia o se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. “Por eso hemos invitado a todos los empleados a actualizar su información registrada en la entidad, ya que los vamos a apoyar en este proceso”, puntualizó.

El problema de caja del país: “No queda ni para los tintos”

Las manifestaciones también destacaron problemas en la planificación del Presupuesto General de la Nación. La meta inicial del Gobierno era recaudar más de 15 billones de pesos mediante litigios, cifra que se redujo a 10 billones, pero ahora no superará los 5 billones. Esta incertidumbre en los ingresos ha generado preocupación sobre la capacidad del Gobierno para manejar sus finanzas.

El saldo de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República cayó a 4,1 billones de pesos a inicios de abril, comparado con un saldo promedio de 25,9 billones de pesos, que era el promedio entre 2002 y 2022. Esta tendencia negativa se ha acentuado, alcanzando un mínimo de tres billones al 10 de mayo de este año, muy por debajo de los 31 billones de pesos disponibles hace un año.

De acuerdo con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “no queda ni para los tintos”. El exfuncionario pidió una “aclaración urgente” sobre esta situación al Ministerio de Hacienda porque, dice él, “no se entiende cómo se llegó a esto (...) La caja se acabó. Y eso que el gobierno no ejecuta (sic)”.