Hombre trató de matar a un bebé de tres meses: ahora tendrá que pagar casi 40 años de cárcel

En un veredicto decisivo, Carlos Andrés Cano Marulanda, conocido por los alias El Chusco o El Costeño, ha sido sentenciado a 37 años y 2 meses de prisión por su intento de homicidio contra un bebé de tan solo tres meses y su tía en el barrio El Paraíso, Aguadas, Caldas.

El ataque, perpetrado el 25 de septiembre de 2022, también dejó al menor con una discapacidad permanente, al perder la movilidad de sus piernas, según lo registro medios como Noticias Caracol o 30 Minutos.

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El origen del lamentable suceso se remonta a una disputa previa entre Cano Marulanda y familiares de las víctimas en un establecimiento cercano. Aprovechando una puerta no asegurada, el agresor ingresó a la vivienda y disparó indiscriminadamente, alcanzando al menor y a su tía. Además, se reveló que Cano Marulanda participaba activamente en una red de microtráfico liderada por la banda Los Mesa, exacerbando la violencia en la región norte de Caldas.

Las víctimas recibieron atención médica oportuna, sobreviviendo al ataque, aunque el niño sufre ahora de parálisis en sus extremidades inferiores.

Durante el juicio, el acusado rechazó todos los cargos, incluidos homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación presentó evidencia concluyente que llevó a su condena. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinará el centro de detención donde Cano Marulanda cumplirá su sentencia.

“El testimonio de un transeúnte que dijo haber visto salir al hombre huyendo del lugar con un arma en la mano, les permitió a los investigadores establecer que poco antes del ataque, en un bar del sector El Suburbio de Aguadas, Cano Marulanda había sostenido una discusión con dos familiares del menor herido”, se mencionó desde el ente judicial.

JEP exhumó 42 estructuras óseas en Samaná, Caldas: búsqueda de verdad en conflicto armado

En un reciente descubrimiento en el Cementerio San Agustín de Samaná, Caldas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha exhumado 42 estructuras óseas con indicios de haber estado involucradas en actos violentos. Este hallazgo se produce en el marco de una cuidadosa intervención forense que duró 17 días, donde se identificaron estructuras que representarían a cerca de 831 personas. Las investigaciones están dirigidas a esclarecer la suerte de víctimas del conflicto armado en Colombia, siendo un momento crítico en la búsqueda de justicia y verdad para los afectados por estos lamentables sucesos.

Este operativo forense, que se inscribe en una acción más amplia para proteger los cementerios en zonas afectadas por el conflicto armado como Norcasia y Victoria en Caldas, reveló una mezcla compleja de restos humanos, con 31 cráneos, un conjunto completo de estructuras óseas que aparentan pertenecer a un solo individuo y 10 huesos aislados.

La JEP refiere que estos restos, ahora en manos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf) para análisis y eventual identificación, podrían ofrecer pistas cruciales sobre las circunstancias de desaparición forzada que sufrieron algunas víctimas en la región del Magdalena Medio caldense. La falta de registros adecuados y procedimientos formales en el manejo de los cuerpos en estos cementerios complica notoriamente el proceso de identificación y recuperación.

Los huesos no relacionados con violencia serán reubicados en un Santuario de la Memoria dentro del cementerio, en un esfuerzo por honrar a los fallecidos y adecuar los espacios de memoria histórica. La estrategia incluye extraer perfiles genéticos de las estructuras exhumadas para su comparación con los datos existentes en el Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas.

Además, este proceso de exhumación e identificación sigue a una etapa clave dentro de la JEP, que ha comenzado la fase de juicio para los crímenes de asesinato y desapariciones forzadas en otro sitio de entierro relacionado, el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, Antioquia. Aquí, exmiembros de las fuerzas armadas enfrentan posibles condenas por su participación en estos actos entre 1997 y 2007.

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