Cuando la Cancillería ya tenía listo el borrador de la resolución para endurecer las condiciones para el ingreso de migrantes venezolanos a Colombia, exigiéndoles el pasaporte vigente, el presidente Gustavo Petro anunció por medio de su cuenta de X que su Gobierno no implementará esa medida.
“Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”, escribió el mandatario en su red social, en parte ante las críticas que había suscitado la decisión por cuenta de las dificultades que enfrenta la población venezolana para adquirir el documento.
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La decisión se habría tomado luego de que Colombia y Venezuela hubiesen resuelto las dificultades en sus relaciones consulares y diplomáticas, en agosto de 2022, por lo que las barreras que enfrentan los venezolanos para adquirir un pasaporte se suponían superadas. Al decreto solo le hacía falta la firma del Presidente de la República para hacerse realidad.
El documento en cuestión pretendía reemplazar a la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, expedido durante el Gobierno de Iván Duque, que pretende “facilitar el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio colombiano, y como documento de identificación, para los nacionales venezolanos que portaran su pasaporte vencido”.
En la resolución que ya tenía lista la Cancillería, en cambio, se puede leer que las personas que deseen entrar al territorio nacional deben presentarse “ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria”.
La Cancillería explicaba en su resolución que en septiembre de 2022 “se oficializó la reapertura de la frontera terrestre entre ambos países con el propósito de impulsar la cooperación e integración en beneficio de sus ciudadanos, en especial en las regiones fronterizas” y que por tal motivo,“las circunstancias especiales que llevaron a la formulación de la Resolución 2231 del 9 de junio de 2021 se consideran superadas”.
No obstante, la crisis social, política y económica de Venezuela sigue haciendo que millones de migrantes lleguen a territorio colombiano, por lo cual el presidente Petro determinó echar para atrás la resolución de la Cancillería. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, Colombia es el país que más acoge inmigrantes del país vecino, con 2,8 millones.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, había expresado en su cuenta de X su preocupación por la resolución que ya tenía lista la Cancillería. “Esta decisión sería un grave retroceso. Según encuestas en el Darién, más del 90 % de venezolanos que cruzan la selva no tienen un pasaporte vigente. Obtener un pasaporte es difícil y extremadamente costoso para la inmensa mayoría de los venezolanos. Muchos están huyendo”.
El costo de un pasaporte venezolano es de aproximadamente 200 dólares estadounidenses, que es bastante alto teniendo en cuenta la devaluación de la moneda de ese país. Según analistas, lo más probable es que la resolución de la Cancillería hubiese hecho que se volvieran a utilizar corredores ilegales en la frontera entre los dos países, sobre todo porque muchas personas de Venezuela se abastecen de alimentos en Colombia.
Esta fue la segunda vez en la semana en la que un ministerio tuvo que bajar de su página web una resolución que ya tenía publicada. La primera ocasión fue por el documento del manual tarifario que había dado a conocer la cartera de Salud, que establecía el monto máximo que se puede cobrar en el país por procedimientos médicos, quirúrgicos, no quirúrgicos y otros temas asociados. El Ministerio lo borró por “fallas” en su contenido.
Por su parte, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, regañó a los funcionarios de la Cancillería que revelaron el documento. “Es importante que los funcionarios de esta Cancillería entiendan que la filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante”, dijo.
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