
Dos años después del homicidio en Colombia del fiscal anticorrupción Marcelo Pecci, que estaba de luna de miel con su esposa en Cartagena, algunos de sus verdugos incumplieron sus compromisos de colaboración con la justicia y se niegan a entregar información crucial sobre cómo se gestó el plan para cometer el crimen.
En el desarrollo de las investigaciones internacionales que buscan esclarecer el asesinato del fiscal paraguayo, se han llevado a cabo interacciones entre la Fiscalía estadounidenses y algunos de los condenados por el crimen.
La trama del caso condujo a los representantes de la justicia de Estados Unidos a indagar a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, quienes, tras ser sentenciados a 25 años de prisión por su participación en el crimen, se comprometieron a entregar información y a colaborar con las autoridades con en fin revelar el complot y los autores intelectuales del asesinato.
Sin embargo, la revista Semana pudo conocer que dichas reuniones no han tenido el avance probatorio que los fiscales norteamericanos esperaban, pues la cooperación de los hermanos Pérez Hoyos ha sido casi nula y no han entregado evidencia concluyente que permita avanzar significativamente en el esclarecimiento de los hechos.
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En su momento, los sicarios colombianos habían aceptado su responsabilidad en el crimen, le pidieron perdón a la familia e indicaron que colaborarían con la justicia en la investigación, pero a cambio de la excarcelación de una de sus cómplices.
“Que toda la teoría de la Fiscalía sea exculpatoria para Margaret (Chacón), que si es así, si la dejan en libertad de inmediato revelan las personas que ordenaron el crimen del fiscal”, le dijo el fiscal colombiano Mario Burgos a Caracol Radio en octubre de 2023.
Sin embargo, Chacón fue judicializada por el crimen del fiscal paraguayo, pues fue señalada como una de las intermediarias para la comisión del delito y fue condenada en condición de coautora del homicidio.

“Nosotros como Fiscalía General tenemos ciertas fricciones jurídicas y no podemos renunciar a la persecución penal cuando la prueba está tan sólida en contra de Margaret Liseth Chacón y máxime que en todas las reuniones que se realizaron en presencia de los hermanos Hoyos y Luis Francisco Correa, ella entregaba la plata, ella prestó su camioneta, realizó el pago a los autores”, concluyó Mario Burgos sobre el tema.
Al parecer, ese habría sido uno delos motivos por los que los hermanos sicarios no entregaron información de peso sobre el caso; sin embargo, otra de las hipótesis por su falta de colaboración sería la falta de garantías de seguridad, puesto que el crimen de Marcelo Pecci habría sido financiado por la mafia internacional.
Entre tanto, los hermanos Pérez Hoyos siguen recluidos en una cárcel de máxima seguridad de Colombia y pugnan una condena de 25 años por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

“Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación de cargos que, de manera libre y voluntaria, hicieron los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar) los condenó a 25 años y 6 meses de prisión por su participación en la planeación, financiación y logística del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini”, dijo la Fiscalía colombiana tras la judicialización de los sicarios.
Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos tuvieron un pasado criminal en grupos armados como los Paisas y los Rastrojos, por lo que su experiencia en el sicariato era amplia y en el homicidio de Marcelo Pecci cumplieron los roles de autores intelectuales, coordinaron la logística, consiguieron a los gatilleros e invirtieron cerca de $1.500 millones para que se ejecutara el plan.
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