La Contraloría General de la República emitió una sanción contra la empresa minera Cerro Matoso por no pagar regalías por la explotación de níquel y hierro en relación con los contratos de concesión No. 866 de 1963 y 1727 de 197. La multa, por un total de $230.000 millones, fue impuesta por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del ente de control, según información obtenida por el periódico colombiano El Tiempo.
Según un comunicado de la Contraloría, la investigación se centró en “regalías no pagadas, causadas por la deducción de conceptos de gastos y costos no pertinentes o sin relación de causalidad con la explotación económica de níquel”, lo que redujo injustificadamente la base para liquidar las regalías.
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La sanción también abarca regalías no pagadas relacionadas con los costos de procesamiento en horno, manejo y transporte, así como regalías no liquidadas ni pagadas asociadas al hierro durante todo el periodo de explotación de las concesiones. La empresa respondió alegando que la investigación carece de sustento jurídico y técnico, y desconoce los términos contractuales acordados para el pago de regalías.
Cerro Matoso argumentó que la decisión de la Contraloría contradice la fórmula contractual para el pago de regalías y hace referencia a contratos que finalizaron en 2012. Además, señaló que la aplicación de una tarifa de regalías del 12% durante el periodo de 2005 a 2012 no es válida según la ley 141 de 1994, ya que solo se aplica a contratos nuevos o extensiones celebradas a partir de esa fecha.
La empresa considera que la decisión de la Contraloría amenaza la seguridad jurídica en Colombia y afecta la inversión extranjera en el país. Por lo tanto, anunció que ejercerá su derecho de defensa ante las instancias pertinentes para impugnar la sanción impuesta por el ente de control.
Esta sanción plantea un nuevo desafío para Cerro Matoso, que deberá enfrentar el proceso legal correspondiente para defender sus intereses y argumentar su posición frente a las acusaciones de la Contraloría. La resolución final dependerá de los resultados de las acciones legales emprendidas por la empresa y de la evaluación de las autoridades competentes sobre el caso.
Colombia se salvó de pagar multimillonaria indemnización por restringir la minería en los páramos
El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) anunció su decisión sobre la reclamación de la empresa Red Eagle Exploration, que exigía una indemnización de US $130 millones a Colombia, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana Blu Radio.
La compañía Red Eagle Exploration argumentaba que la prohibición de la minería en ecosistemas de páramo, como Santurbán, había afectado el desarrollo de uno de sus proyectos.
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Tras un exhaustivo análisis, el Tribunal desestimó las reclamaciones de la minera canadiense y confirmó que Colombia no había incumplido el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Además, respaldó las medidas adoptadas por el país para proteger los páramos, considerándolas legítimas y en línea con el interés general y la preservación del medio ambiente.
La Defensa Jurídica del Estado presentó argumentos sólidos ante el Tribunal, demostrando que la prohibición de actividades mineras en los páramos no constituía una expropiación de la inversión de Red Eagle. El Tribunal también tuvo en cuenta que la empresa estaba al tanto de la posibilidad de esta restricción al realizar su inversión en el país.
La decisión del Tribunal Arbitral enfatizó el derecho soberano de Colombia para regular el uso de sus recursos naturales en beneficio del interés público y la protección del medio ambiente. En este sentido, consideró que la prohibición de la minería en los páramos era una medida legítima y necesaria para salvaguardar estos ecosistemas únicos y frágiles.
El caso se remonta al año 2014, cuando Red Eagle Exploration inició su demanda contra el Estado colombiano, buscando una compensación multimillonaria debido a la delimitación del páramo Santurbán, que afectó su proyecto minero. Sin embargo, la decisión del Tribunal Arbitral puso fin a esta disputa, respaldando la posición de Colombia y evitando así el pago de la indemnización reclamada por la empresa.
Esta resolución representa un importante precedente en la defensa de los recursos naturales y la soberanía ambiental de Colombia, reafirmando el compromiso del país con la preservación de sus ecosistemas y el desarrollo sostenible
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