Gustavo Petro defendió decisión sobre el puerto de Buenaventura: “Es para los pescadores artesanales”

La noticia de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Camargo, y cinco funcionarios más de la ANI, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, por presuntas irregularidades en la revocatoria de la concesión del Muelle 13 de Buenaventura, generó la reacción del primer mandatario Gustavo Petro.

Según indicó el presidente en su cuenta de X, la actuación del jefe de cartera se dio siempre cumpliendo con la directriz del Ejecutivo, quien ha señalado en varias oportunidades que durante su Gobierno las licitaciones y convenios deberán hacerse bajo absoluta transparencia y siempre permitiendo la competitividad entre los oferentes.

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“La orden de mi gobierno es que las concesiones no se prorrogan automáticamente. La concesión siempre, una vez acabado el término del contrato puede revertir. El muelle del puerto de Buenaventura que ha revertido es para los pescadores artesanales de Buenaventura”, escribió Petro.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado a los grupos económicos del país y las instituciones de control para que trabaje en la justicia social y el apoyo a las poblaciones vulnerables, especialmente en una de las zonas con mayores falencias económicas del país a pesar de tener uno de los puertos con mayores ingresos. “Permítanle un espacio así sea pequeño a la gente trabajadora de Buenaventura”, indicó.

La respuesta del presidente se da apenas horas después de que el Ministerio Público anunciara oficialmente la apertura de investigación contra los funcionarios del Gobierno, poniendo más tensa la relación entre el Ejecutivo y la Procuraduría General encabezada por Margarita Cabello.

La raíz del escándalo se encuentra en la repentina anulación de una concesión previamente otorgada al Grupo Portuario S.A., controlado por Ventura Group, para operar en el mencionado muelle hasta el año 2045. La decisión, ejecutada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en enero de 2024, fue justificada por motivos ambientales, lo que Ventura Group criticó como una reversión inesperada que les causó significativas pérdidas de tiempo y recursos, llevando el caso ante el Tribunal de Cundinamarca, donde la demanda contra la ANI fue declarada improcedente.

La investigación disciplinaria de la Procuraduría no se limitará únicamente a Camargo, sino que también incluirá a varios funcionarios de alto rango, entre ellos, la viceministra general (e) del Ministerio de Hacienda y Crédito, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego Acevedo; y otros ejecutivos de la ANI, reflejando la profundidad y la complejidad del caso en cuestión.

La Procuraduría tiene como objetivo determinar si las acciones tomadas en el proceso de revocatoria de la concesión violaron el debido proceso, desconociendo la preclusión de las etapas, la conformación del consejo directivo y la ausencia en el trámite de recurso de reposición, lo que podría clasificar estas conductas como faltas disciplinarias. Esta situación coloca una vez más al Gobierno de Petro bajo el escrutinio público y resalta la frágil línea entre la toma de decisiones en beneficio del colectivo y la adherencia a los procedimientos establecidos.

“La entidad validará las razones por las que el 28 de diciembre de 2023 el Consejo Directivo de la ANI, en sesión extraordinaria, decidió de forma unánime no aprobar la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria que había aprobado cinco días antes la solicitud de modificación de las condiciones del mismo, y declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución emitida”, señaló el Ministerio Público.

Así mismo, los funcionarios deberán dar explicaciones por haber violado, presuntamente, los tiempos de preclusión, y no atender con efectividad los recursos de reposición que se instauraron en su contra. “Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo la entidad busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluyó la Procuraduría.