
En un acto que conmocionó al departamento del Valle del Cauca, el concejal y vicepresidente de la corporación Carlos Arturo Londoño, del Partido Conservador, fue brutalmente asesinado a las afueras del Coliseo de Ferias de Tuluá. El crimen ocurrió al término del evento público de la administración municipal, mientras se llevaba a cabo la presentación del informe de los primeros 100 días de gestión, según confirmó el alcalde Gustavo Vélez.
Testigos relatan que hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego, desencadenando un caos que dejó como resultado el fallecimiento del concejal Londoño. Clarivet Ocampo Fernández, funcionaria de la administración, también se vio afectada por el atentado; resultó con heridas de gravedad.
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La mujer falleció a la media noche del 19 de abril, a pesar de la atención médica que recibió, unas cuatro horas después del atentado. Mientras que el concejal murió inmediatamente en el lugar de los hechos.
Uno de los sicarios quedó herido en medio del cruce de balas y fue capturado, según dijo el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, a W Radio; sin embargo, aún no se conoce de qué banda delincuencial haría parte. “Había mucha seguridad, presencia militar”, dijo el alcalde y agregó que “se habrían utilizado armas de largo alcance para el atentado; aunque todavía no existe un informe completo, lo que sí es claro es que el carro tuvo muchos impactos, y las dos personas recibieron varios disparos”.
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“Cuando se escucharon los disparos, me evacuaron a un sitio seguro”, expresó el alcalde del municipio. Luego, en su cuenta de X , escribió un mensaje de repudio hacia la violencia en la ciudad: “Condeno y lamento el vil asesinato del concejal del Partido Conservador, Carlos Arturo Londoño, otra triste muerte que enluta al pueblo tulueño por el accionar del crimen organizado que se ensañó con Tuluá”.
También dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. “Informo al país que estoy bien y que pese a los lamentables hechos de esta noche debemos continuar trabajando (...) Al gobierno nacional y departamental nuestro llamado de apoyo en favor del pueblo tulueño”, escribió en otra publicación. Además, recalcó que dolía el crimen contra Clarivet Ocampo, una persona inocente que solo hacía un enlace entre la población con discapacidad y la Alcaldía del municipio.
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La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se pronunció ante este hecho y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen. Además, extendió sus condolencias a la familia del asesinado.
“No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la Policía del Valle para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción. Al Gobierno nacional, Ministerio de Defensa, le quiero pedir aumentar y arreciar la lucha contra los delincuentes en nuestro departamento”, escribió Toro en su cuenta de X.
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Ante la gravedad de la situación, la Gobernación del Valle del Cauca convocó un consejo de seguridad en Tuluá para abordar y ampliar la información sobre lo sucedido. Las autoridades se comprometieron a trabajar para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen.
El Partido Conservador también rechazó vehementemente este acto de violencia, exigiendo acciones contundentes por parte de las autoridades para evitar que la impunidad prevalezca y para garantizar la seguridad de la población de Tuluá.

Este sería el segundo asesinato político en Tuluá este 2024
El 31 de diciembre de 2023, Eliecid Ávila, edil electo por el Partido Conservador, fue víctima de un ataque armado mientras celebraba el año nuevo con su familia en Tuluá. A pesar de ser trasladado a un centro médico, lamentablemente falleció el 2 de enero debido a la gravedad de las heridas sufridas.
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Ávila, quien había sido elegido como concejal en los comicios regionales del 29 de octubre de 2023, no llegó a tomar posesión de su cargo antes de este trágico suceso.

El alcalde de Tuluá y la gobernadora Toro han estado pidiendo al Gobierno aumentar su involucramiento para hacer frente a los desafíos de seguridad en la región. Han solicitado una mayor rapidez en la instalación de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento del sistema judicial local y un respaldo ampliado a las fuerzas policiales y militares.
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