
El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las vías de cuarta generación en Antioquia, advirtiendo que la venta de Isagen a la multinacional canadiense Brookfield Asset Management, con la que se iba a financiar la construcción de las carreteras, fue un error enorme que llevó a la especulación en las tarifas de energía eléctrica.
En X, escribió que la venta de la generadora y comercializadora de energía fue un “enorme error nacional”, con el que se sacrificó “el control del agua para construir carreteras de emisiones de CO2 del siglo XX” para después reparar en que “es una de las razones fundamentales en la especulación de las tarifas de energía eléctrica”.
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La razón, según el presidente: “Las generadoras ya no tienen un competidor público, y la transformación de la construcción de carreteras 4G, en un negocio financiero, ha disparado la especulación de las tarifas de energía eléctrica y ha llevado las vías de mayor tráfico con peajes carísimos, en contra de la productividad nacional”.
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Petro también apuntó que los déficits en los presupuestos que genera el sistema de pagos de energía, que señaló, son “impagables para los pobres”, sumado a la “subvaloración del tráfico del país, que hace que las vías no se paguen con lo recogido en peajes, sino con el presupuesto nacional”, pone, a su juicio, al Estado y a la inversión que debería hacerse en salud, educación, saneamiento ambiental y educación “con techos presupuestales que no se compaginan con el Estado Social de Derecho”.
Vigencias futuras
El presidente, en su publicación en X, advirtió que la desigualdad social y territorial, así como que los derechos fundamentales no se garanticen a toda la población, ha aumentado en Colombia en los últimos años. Por lo que reparó en que, de acogerse al cuadro de vigencias futuras, que destinan la inversión de la Nación, en los próximos 30 años, y que son inmodificables, a la construcción de carreteras 4G, no habrá ”espacio de endeudamiento público para construir infraestructura en agua, salud o educación”.
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“También desde la perspectiva presupuestal el Estado Social de Derecho entró al congelador por priorizar convertir el presupuesto estatal en un espacio de grandes negocios financieros con un puñado de contratistas que llamaré el cartel de la contratación y que hasta nuestra elección eran los dueños del poder público y la política”, escribió el presidente.
La propuesta de Petro
En su publicación, el presidente propuso “cobrar valorización en las carreteras 4G que pasan por zonas pudientes, pasar de las carreteras 4G contaminadoras a priorizar el modo férreo de transporte urbanos y nacionales que son más baratos, más eficientes y no contaminantes, cambiar el esquema de peajes y cobros de energía eléctrica, abaratándolos en el tiempo”.
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Para esto apuntó que habría que darse, en el corto plazo, una “modificación de las leyes orgánicas de presupuesto y de planeación”. Sin embargo, escribió que las mayorías, en el Senado, parecieran, a su juicio, “girar más alrededor del interés particular de los dueños de los grandes negocios con el Estado que con el bienestar general”.
Después reprochó al Legislativo que, en las casi dos legislaturas que están por cumplirse, solo han dado trámite a tres de las reformas que propuso el Gobierno, la de salud, la laboral y la pensiona, mientras se estanca la reforma a la educación. Aun así, dijo que presentará al debate la modificación a las leyes orgánicas de presupuesto y planeación, rematando en que “este tema pareciera ser del poder constituyente de la población”.
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En una segunda publicación, el presidente recordó que en 2016, dejó clara su posición sobre lo que piensa que va a suceder con el “sistema impuesto en las 4G y la venta de Isagen en el año 2016, igual que el sabotaje al metro subterráneo de Bogotá”. Responsabilizando al gobierno de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras de estas decisiones, que apuntó, se agravaron “con la excesiva política de sobreendeudamiento de Duque, que decidió a diferencia de todos los demás países del mundo, establecer una deuda “fast trak” pagadera en 3 años del FMI para afrontar el Covid”.
Esto, según los datos de Petro, ha representado un “pago mayor por servicio de la deuda de 30 billones adicionales a los 70 que se venían pagando anualmente y hasta el año 2026″, a lo que sumó el hueco “de 80 billones subsidiando la gasolina y el diesel”, rematando con que esto dejó “al país frente a un colapso”, que dijo su Gobierno ha manejado bien.
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