Con polémico proyecto de ley buscan que el ingreso a redes sociales sea biométrico: se busca evitar el ciberacoso

Carlos Vallejo de la Alianza Verde, junto con José Eliécer Salazar del Partido de La U y Germán Rozo del Liberal, presentaron un proyecto de ley que apunta a regular el acceso y uso de las redes sociales en Colombia, donde aproximadamente 39 millones de ciudadanos hacen uso de estas plataformas digitales, según revela un informe de DataReportal.

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Este proyecto, nombrado en honor a Ana María Chávez Niño, una joven víctima de homicidio en 2009 tras ser engañada por individuos a través de Facebook, propone mecanismos que buscan reducir el ciberacoso, el acoso escolar y otras formas de delitos digitales mediante el establecimiento de nuevos requerimientos de acceso a estas plataformas.

La radicación del proyecto ha desencadenado un importante debate en el Congreso, donde se cuestiona su posible impacto sobre la libertad de expresión y la protección de datos personales. La discusión no solamente se limita a los confines de Colombia, refleja una tendencia global sobre la regulación del espacio digital, similar a las actuales deliberaciones en Estados Unidos sobre el destino de TikTok, bajo el prisma de las tensiones políticas con China.

La propuesta de Vallejo y sus coautores subraya la necesidad de enfrentar los desafíos que representa la suplantación de identidad y la proliferación de perfiles falsos que contribuyen a la comisión de crímenes en línea. En este sentido, traslada una considerable responsabilidad a las empresas proveedoras de servicios digitales dentro del país para que implementen medidas más rigurosas de verificación de usuarios.

Expertos del sector y algunos legisladores han expresado preocupaciones sobre cómo la regulación podría influir en aspectos fundamentales como la libertad de información. Sostienen que el verdadero desafío para mitigar los delitos digitales reside más en la educación y en el manejo de asuntos globales, más que en el diseño intrínseco de las plataformas sociales.

La iniciativa aboga por imponer un control más estricto sobre la información personal y la manera en que se comparten las imágenes y datos en plataformas digitales. Entre las medidas más controversiales se encuentra la obligación de registrar el reconocimiento biométrico de huella digital y rostro para evitar la creación de cuentas anónimas o falsas, así como la notificación a los usuarios cuando su contenido sea descargado por otros.

Carolina Botero, consultora en temas de derecho y tecnología y exdirectora de Karisma, resaltó la complejidad de algunas de estas medidas. “Hay cosas que técnicamente no se podrían hacer, como la descarga de la foto, porque existen las capturas de pantalla. Y efectivamente hay un conflicto con la libertad de expresión porque prohíbe el anonimato”, señaló, evidenciando las complicaciones técnicas y éticas que acarrea el proyecto.

Uno de los aspectos que ha generado especial inquietud es la potencial infracción a la libertad de expresión. David Luna, senador y exministro de las TIC, expresó su preocupación indicando que, aunque aún no conocía a fondo la propuesta, esta podría considerarse “un atentado a la libertad de expresión y de prensa”. En lugar de optar por regulaciones severas, Luna propone entrenar los algoritmos de las plataformas digitales para combatir problemas como el acoso y la pedofilia.

Las obligaciones que plantea la ley no se limitan a la detección y notificación sobre el uso de fotografías ya existentes en la red; también incluyen medidas para alertar sobre la compartición de ubicaciones y requerimientos para registrar información de contacto de un familiar, aspectos que han sido considerados como un desafío respecto a su implementación práctica.

Esta iniciativa legislativa no es la primera de su tipo en intentar regular el espacio digital en Colombia. Al menos cinco propuestas anteriores, enfocadas en prevenir delitos contra menores o prohibir la creación de perfiles anónimos o falsos, han sido archivadas. La propuesta actual también ha recibido críticas de organizaciones como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), ambas advirtiendo sobre la importancia de considerar los derechos fundamentales como la intimidad personal y la libertad de expresión, y argumentando que el bloque internet no pertenece a una entidad privada, sino que es un sistema cooperativo.

El representante Vallejo, impulsor del proyecto, afirma que el objetivo es combatir la suplantación de identidad, las estafas y el ciberacoso, resaltando la importancia de proteger a los usuarios en el entorno digital. Aunque se espera que el debate legislativo sobre la propuesta sea intenso, queda claro que la regulación de las redes sociales y la protección de datos personales son temas de creciente interés y preocupación que requieren de un análisis cuidadoso para equilibrar la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión.