El Consejo de Estado negó la petición de despojar de su cargo a la representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal.
La alegación, presentada por el ciudadano Joan Sebastián Moreno Hernández, argumentaba que Boreal habría violado el régimen de conflictos de intereses al participar en debates sobre la legalización del cannabis sin declarar su consumo personal de la sustancia.
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Sin embargo, el órgano judicial resolvió que las acciones de Boreal se enmarcan en su derecho a la libre expresión, manteniendo así su posición en el Congreso.
La disputa legal se originó a raíz de las declaraciones de Boreal durante una audiencia pública el pasado 23 de febrero de 2023, en la que se discutía el Proyecto de Ley núm. 246 de 2022 sobre el cannabis de uso adulto. Moreno alegó que la congresista, al admitir su consumo regular de marihuana, poseía un interés directo en la despenalización de la sustancia, lo que podría constituir un conflicto de intereses.
No obstante, el Consejo de Estado destacó en su fallo que Boreal no votó en las sesiones relacionadas con el proyecto y subrayó el principio de inviolabilidad de las opiniones expresadas por los congresistas en el ejercicio de sus funciones.
“Es así como en este escenario no se logra constatar conflicto alguno entre los intereses público y privado de la accionada, toda vez que: los proyectos de Acto Legislativo núm. 002 de 2022 y de Ley 27... responden a dos trámites legislativos diferentes, con articulados independientes, exposición de motivos autónomos entre sí”, mencionó el Consejo.
Boreal ha sido una figura polémica desde que se hicieron virales sus comentarios sobre el consumo de cannabis. Además de defender sus declaraciones en redes sociales, ha enfatizado en múltiples ocasiones el potencial medicinal de la marihuana y su desestigmatización. Citando el respaldo de la Organización de Naciones Unidas al reconocimiento de las propiedades médicas del cannabis, Boreal ha abogado por un cambio en la percepción cultural sobre el uso de esta planta.
Este fallo del Consejo de Estado no solo refrenda la posición de Boreal dentro del Congreso, sino que también subraya la primacía de la libertad expresiva de los legisladores dentro del marco legal colombiano. La decisión reafirma la separación entre los intereses personales y la agenda legislativa, asegurando la independencia en la formación de políticas públicas respecto a temas controversiales como el consumo de cannabis.
Choque sobre políticas de drogas intensifica debate en Colombia
En Medellín, Colombia, la congresista Susana Boreal expresó su desacuerdo con las medidas restrictivas impuestas en la ciudad respecto al consumo de drogas, provocando una vigorosa respuesta de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y figura importante en las negociaciones de paz con el ELN.
Boreal ha criticado abiertamente un decreto del alcalde Federico Gutiérrez que limita el uso de sustancias psicoactivas en áreas públicas específicas, argumentando que viola las directrices de la Corte Constitucional de Colombia. El intercambio de declaraciones entre Boreal y Lafaurie ha avivado el debate sobre la legislación de drogas en el país, especialmente en Medellín, un epicentro histórico de problemas relacionados con el narcotráfico.
Susana Boreal, respaldada por su experiencia personal y su posición como representante a la Cámara por Antioquia, ha solicitado a la Corte Constitucional que inicie un proceso de desacato contra la alcaldía de Medellín. Argumenta que las restricciones impuestas infringen los derechos fundamentales y exceden las competencias de la autoridad local, pues considera que tales regulaciones deberían ser manejadas por instancias departamentales o municipales. Boreal enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque de salud pública en la problemática, promoviendo la prevención sin estigmatizar a los consumidores.
Este conflicto no solo subraya las tensiones entre las políticas municipales y las directrices constitucionales, sino que también pone de manifiesto las diferentes visiones sobre cómo manejar el consumo de sustancias ilícitas en Colombia. Mientras Susana Boreal aboga por un enfoque más inclusivo y menos punitivo, José Félix Lafaurie respalda medidas más restrictivas como medio para mejorar la seguridad y la convivencia en las ciudades. La disputa se centra en cómo equilibrar los derechos individuales con la necesidad de mantener el orden y la seguridad pública, un dilema persistente en la política de drogas del país.
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