La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputar a diez excomandantes de las Farc vinculados al macrocaso 05, que investiga los crímenes contra indígenas en el conflicto armado.
El Ministerio Público solicitó que los crímenes cometidos por los exfarc sean definidos bajo el criterio jurídico de los pueblos étnicos, por considerar que sus sistemas normativos describen de manera más acertada las afectaciones sufridas, equiparables con el etnocidio y que incluso pueden ser más graves que los crímenes previstos por el Estatuto de Roma.
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Lo anterior, tras analizar las declaraciones de víctimas y comparecientes de 12 municipios del norte del Cauca y cinco del sur del Valle, que revelaron una práctica generalizada de violencia extrema contra comunidades y territorios indígenas y afrocolombianos.
Según lo asegura un documento de observaciones de la Procuraduría, al interior del proceso se hallan hechos ilustrativos que demuestran una política concertada por parte de las antiguas Farc, de tal suerte que la recurrencia e intensidad de la violencia puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas, situación que ha sido reconocida por el Estado colombiano y que ha llevado a que se considere necesaria una calificación jurídica propia del pueblo Nasa, al que pertenecen las víctimas del presunto etnocidio.
“Lo hallado por el Ministerio Público, a través de los hechos cometidos por los comparecientes que son objeto de reproche en esta imputación, evidenció una intención de eliminar el grupo étnico a través de su disolución forzada y su integración a la comunidad mayoritaria”, reveló el documento.
Además, de las seis conductas imputadas por la JEP, la Procuraduría estudió otras como reclutamiento forzado de menores de edad indígenas, confinamientos, desplazamiento forzado y lingüicidio, que demuestran la configuración de la citada desarmonía establecida en el derecho propio indígena.
Para el caso particular de reclutamiento forzado de menores de edad, el Ministerio Público revisó 419 casos en los que determinó que además de la comisión de este delito, las víctimas también fueron sometidas a hechos de violencia y esclavitud sexual, planificación obligatoria y abortos forzados so pena de fusilamiento.
Frente a los asesinatos y desapariciones forzadas se asegura que hubo 51.125 muertes violentas en el contexto del caso 05, un número que es mayor a la población total de los municipios en la zona priorizada, salvo por Santander de Quilichao, Palmira y Padilla; causados por la presencia y búsqueda de control social y territorial de las Farc y de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y sociales.
Según observa la Procuraduría, fue tan grande el daño que la Asociación Colombiana Indígena (ACIN), envió una carta abierta al máximo comandante, Timoleón Jiménez, alias Rodrigo Londoño, el 24 de abril de 2012, en la que pidió aclararan si la intención de sus acciones en los territorios era genocida.
Más de 380 exintegrantes de las Farc rindieron su versión por secuestros
El viernes 15 de marzo de 2024, concluyó la etapa de versiones individuales y colectivas a integrantes de las extintas Farc como parte del caso 01, que investiga los secuestros en el conflicto armado.
En total, la Sala de Reconocimiento de Verdad recogió 383 testimonios que le han permitido al tribunal de paz reconstruir judicialmente el fenómeno criminal en los territorios. Entre los comparecientes que se presentaron ante la JEP hay 85 mandos medios y altos, es decir, excombatientes que ocuparon rangos de mando dentro de la organización.
En total, 3.929 víctimas de secuestro se han acreditado para participar en el caso. De ellas, hay 1.094 víctimas del Bloque Oriental y 720 víctimas acreditadas del Bloque Sur, estas dos estructuras de las extintas Farc tienen el mayor número de víctimas acreditadas y son las estructuras regionales con más comparecientes que se han sometido ante la Jurisdicción.
Cabe recordar que recientemente, la JEP ha imputado a siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Además, la Sala de Reconocimiento ha emitido dos imputaciones regionales. En ellas, diez miembros del antiguo Comando Conjunto Central fueron imputados por los delitos de secuestro, violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, ocho exintegrantes del Bloque Occidental fueron imputados por crímenes de la misma gravedad.
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