Atentado sicarial en billar de Barranquilla dejó tres personas muertas

Hay consternación en la capital del Atlántico debido a un atentado sicarial que ocurrió en pleno local comercial durante la madrugada del 17 de marzo. En el hecho se registraron tres homicidios y la captura de quien sería presuntamente el conductor de la motocicleta que se empleó para cometer los asesinatos.

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El hecho violento tuvo lugar en el billar conocido como Presidente en el barrio Rebolo de Barranquilla. De acuerdo con los testimonios de testigos y sobrevivientes, un sujeto armado habría llegado al establecimiento sobre las 12:50 a. m. disparando en reiteradas ocasiones a un hombre y una mujer, que perdieron la vida.

Los dos occisos fueron identificados como Francisco Jesús Lizcano Carrillo, de 41 años y Zuele del Carmen Alvear Olmos, de 30 años. Aunque ellos no fueron las únicas víctimas mortales. De acuerdo con las versiones preliminares, el sicario, cuando intentó escapar de la escena del crimen, se resbaló y botó el arma de fuego.

Tras el accidente del homicida, las personas se habrían abalanzado sobre él y lo habrían asesinado con su propia arma de fuego. En medio de las labores de levantamiento se pudo establecer que el sicario rondaría los 20 años, aunque no se ha establecido su identidad.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que fue capturado un sujeto de 22 años de nacionalidad venezolana identificado como Kelvyn José Ollarviden Goitan, que sería el presunto conductor de la motocicleta en la que se movilizaba el sicario.

Por el momento, las autoridades están haciendo las respectivas investigaciones para establecer la razón que llevó a ejecutar el ataque armado en contra de Lizcano y Alvear; así como definir la identidad del sicario dado de baja por la comunidad y de quiénes estarían detrás del homicidio que impactó durante la madrugada a los habitantes de la capital del Atlántico.

Negocio del hampa desmantelado de la cárcel La Picaleña

La extorsión, crimen que ha generado grandes dificultades para los colombianos, en especial para el sector del comercio pequeño y mediano, ha motivado una intensa respuesta por parte de las autoridades colombianas. En este contexto, un reciente operativo de la Policía Nacional ha puesto de manifiesto una ingeniosa pero inquietante estrategia criminal ejecutada desde las mismas entrañas del sistema carcelario.

En un esfuerzo por combatir estas actividades ilícitas, cerca de cincuenta uniformados llevaron a cabo una exhaustiva inspección en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña. Durante casi ocho horas, cien celdas del patio 32, bloque 5, fueron objeto de revisión, lo que resultó en el hallazgo de un llamativo arsenal de elementos prohibidos.

Los artículos incautados revelan la operación de un call center clandestino, directamente desde la cárcel: 20 teléfonos móviles de diversas gamas, 25 tarjetas SIM, y 40 accesorios para teléfonos, tales como cargadores y auriculares, junto con 17 armas cortopunzantes. Este descubrimiento no solo subraya la astucia y los métodos adaptativos de los criminales, sino también la urgente necesidad de implementar medidas más rigurosas para garantizar la seguridad y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios.

El mayor Oscar Mauricio Rojas Varela, comandante del Gaula Policía Tolima, enfatizó la importancia de las denuncias ciudadanas en el proceso investigativo que condujo a este operativo. La colaboración y la información proporcionadas por la ciudadanía fueron cruciales para identificar el origen de las comunicaciones ilícitas, que emanaban precisamente de esta sección de la prisión.

Esta operación es parte de la campaña “Cortémosle la conexión a la extorsión” iniciada por las autoridades, en un intento por mitigar la prevalencia de este delito y reducir el número de casos reportados por comerciantes y ciudadanos. El enfoque en interrumpir el flujo de comunicaciones usadas para coordinar y ejecutar la extorsión desde detrás de las rejas apunta a una estrategia proactiva y específica, enfocándose en desmantelar la infraestructura técnica que permite a los delincuentes operar incluso mientras están encarcelados.