El proyecto de reforma a la salud del Gobierno Petro ha generado todo tipo de polémicas. Con este se busca modificar el sistema de salud del país, principlamente, en lo relacionado con la distribución del dinero que manejan las EPS y la atención a los pacientes, que, de ser aprobada, sería en centros de atención prioritaria (CAP).
Asimismo, desde que se iniciaron las discusiones de la iniciativa, nunca se ha sabido a ciencia cierta cuánto le costará al país su ejecución. De acuerdo con el propio ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esta tendría un costo de $92,2 billones en 2024, por lo que solicitó una nueva reforma tributaria, algo que se desestimó.
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Ante la incertidumbre, fue el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el que dijo que la cartera ya tenía un aval fiscal para este proyecto de ley, pero que nada lo obligaba a presentarlo desde ya.
“Tenemos el aval fiscal, no es obligatorio haberlo entregado. Eso es una dilación, es un argumento dilatorio, porque nosotros podemos entregar el aval fiscal en el último debate de la cuarta vuelta. Nadie dice que lo tengamos que entregar antes. El aval se está construyendo, ya lo tenemos listo”, le dijo el ministro Bonilla a varios medios de comunicación luego de su intervención en el foro Transformando regiones de Findeter en Cartagena, del 15 de noviembre de 2023.
No obstante, antes de seguir su trámite en el Congreso de la República, los partidos políticos de oposición trabajan para que el Gobierno nacional dé ese concepto para saber, en sí, el valor de la reforma. Una de las congresistas que insiste en el asunto es la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, aunque sigue sin tener respuesta favorable.
Hurtado, por medio de X (antes Twitter), dio a conocer que el jueves 29 de febrero, una vez más, recibió respuesta del Ministerio de Hacienda con relación al aval fiscal de la reforma a la salud y su compatibilidad con el Marco Fiscal del Mediano Plazo. Al respecto, dijo que indicaron que continúan estudiando su impacto fiscal.
Exactamente, le respondieron que “en atención a las modificaciones que han surtido sobre el proyecto de ley durante el trámite legislativo, en particular, las introducidas por la plenaria de la honorable Cámara de Representantes, este ministerio, sin perjuicios de estimaciones anteriores, continúa estudiando el proyecto, aplicando en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003″.
Dicha norma a la que se refiere el Ministerio de Hacienda explica que, en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Votar a ciegas es irresponsable
Por tanto, Hurtado señaló que “la reforma en la Comisión Séptima del Senado, sin conocer un concepto de impacto fiscal que clarifique el costo económico de la reforma”.
Entre tanto, para Hurtado continúan nuestras preocupaciones sobre varios puntos. Son los siguientes:
- Implementación de atención primaria en salud.
- Puesta en marcha del Sistema Público Único Interoperable de Información y del régimen tarifario.
- Financiación de la laboralización del talento humano.
- Recursos para la construcción de CAPS y despliegue de equipos extramurales.
- Apertura de cupos para formación de especialistas.
Aprobación a ciegas
A esta situación también se refirió el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático. Según él, el titubeo del Gobierno también se dio durante todo el trámite en de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y, al parecer, van a pasar lo mismo en el Senado.
“El gobierno pretende que el Congreso apruebe una inconveniente e improvisada reforma que ni siquiera sabe cuánto cuesta. Esto confirma la denunciamos durante todo el año pasado: la Cámara de Representantes aprobó a ciegas un proyecto de reforma que pone en riesgo la salud de los colombianos”, señaló.
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