
A lo largo de la última década, el sistema de transporte masivo Transmilenio ha sufrido una serie de reveses judiciales, varios de los cuales han estado relacionados con los precios del pasaje. Desde hace años se ha denunciado un déficit en su operación, por el cual fue sancionado Gustavo Petro en su día por reducir el valor del pasaje y al que se le atribuyó buena parte de la responsabilidad, pero en mayo de 2022 un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revirtió la decisión.
Dicho déficit es el argumento detrás de la decisión de ir incrementando cada año el valor del pasaje de Transmilenio —a la par que se intentan reducir costos operativos—, algo que ha generado quejas e insatisfacción por parte de los usuarios, que no ven reflejado el incremento del valor del pasaje en un mejor servicio de los articulados o medidas efectivas contra la inseguridad al interior del sistema.
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En medio de ese panorama se dio a conocer una demanda interpuesta ante el Circuito Segundo de Bogotá por el exconcejal de Bogotá, Diego Cancino, y el abogado Víctor Velásquez. Esta tiene por objeto beneficiar a la población de escasos recursos que de manera mensual tiene acceso a una tarifa diferencial.
Según dio a conocer el canal CityTV, la demanda reclama que se retome el descuento para las personas que acceden al subsidio del pasaje mediante el puntaje del Sisbén, para que este sea del 30%. En ese sentido, la querella busca impugnar el aumento de tarifas de Transmilenio establecido durante la administración de Claudia López en el Decreto 004 de 2023.
Dicha acción ya tuvo un fallo inicial favorable al demandante por parte del Circuito Segundo. Cancino repasó los tres argumentos centrales para dicho veredicto, entre los que se incluyen violación de la Constitución nacional —el decreto iría en contravía de la meta establecida en el Plan de Desarrollo, que busca la disminución del gasto en transporte de las personas de menores ingresos—, violación del principio de igualdad, y regresividad en los derechos de los ciudadanos. “Esta gente tuvo que pagar un 35% más de lo que venía pagando”, afirmó Cancino.
En su cuenta de X, el exconcejal compartió los argumentos que expuso ante el Circuito Segundo que le permitieron recibir un fallo favorable en primera instancia. En particular, destacó que la medida de la entonces alcaldesa afectaba las finanzas de las familias menos favorecidas de la ciudad. “El incentivo Sisbén viola estos derechos y obligaciones en tanto es una medida que desconoce los niveles de protección alcanzados en el acceso al transporte público de las personas de menores ingresos”, expresó.

Adicionalmente, Cancino sostuvo que la medida no estaba contribuyendo a la solución del déficit del sistema de transporte masivo. “No se justifica que la tarifa diferencial aumente más del doble con la finalidad de responder a la sostenibilidad fiscal del sistema, teniendo en cuenta que, según Transmilenio S.A., este subsidio solo aportó el 2% del total del déficit del sistema en el 2022″, señaló.
Cabe recordar que la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció en la última semana la aprobación de una reducción en el valor de dicha tarifa diferencial, que pasó de $2.950 a $2.500. Aunque falta esperar la decisión en segunda instancia que será definitiva, en caso de que allí se produzca un fallo favorable al demandante la actual administración estaría obligada por mandato jurídico a revertir dicho decreto.
Por su parte, TransMilenio afirmó que no se pronunciará públicamente hasta que se produzca un fallo en segunda instancia, y según informó CityTV, hasta estudiarían la posibilidad de entablar recursos en contra de los demandantes.
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