Una preocupante situación encontró el defensor de los derechos carcelarios, Jorge Carmona, en su visita a la cárcel El Pedregal, ubicado en el corregimiento de San Cristobal, a las afueras de Medellín, Antioquia.
Según manifestó el funcionario, las mujeres de ese centro de reclusión se están lesionando como “única forma que están encontrando para protestar por varias cosas que están pasando en ese establecimiento. Entre las cosas más graves está la pésima alimentación que están recibiendo las internas, sobre las 4:30 de la tarde, ni siquiera el almuerzo les había llegado, manifiestan que la alimentación es pésima, deplorable”.
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Las 1.300 reclusas de El Pedregal están atravesando por una compleja situación por los problemas de hacinamiento y las malas condiciones tanto de salud como alimentarias.
El defensor afirmó que las presas están trabajando en las maquilas, pero que los pagos que reciben son completamente irrisorios. Añadió que están protestando por asuntos puntuales como las rejas cerradas, a pesar de una orden de la Dirección Nacional de mantenerlas abiertas. Añadió que al rededor de las 4 de la mañana las despiertan y las dejan encerradas todo el día en el pabellón.
A pesar de la hora en la que se tienen que levantar las reclusas, solamente reciben sus desayunos alrededor de las 2 o 3 de la tarde, y que muchas veces consiste en una arepa con huevo descompuesto.
Agregó el defensor de derechos humanos en su reporte que la única manera que encuentran las reclusas para protestar es cortándose con cuchillas y que ya habló con la directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para corregir los problemas por los que están pasando las mujeres en aquel centro de detención.
Carmona insistió en que la situación de violación de los derechos humanos por la que pasan las reclusas de El Pedregal no es nueva y que con los años ha venido empeorando, reflejándose en infecciones, enfermedades complejas y hasta muertes.
El problema del hacinamiento carcelario en Colombia
En una entrevista con El Tiempo, Daniel Gutiérrez, director del Inpec, destacó las precarias condiciones de vida de los detenidos debido al creciente problema del hacinamiento en las cárceles. Para finales de 2023, el hacinamiento alcanzó un 24,5%, con alrededor de 102.000 personas en reclusión intramural, reflejando un problema nacional también evidente en estaciones de policía y URIs, donde el hacinamiento supera el 130%. Además, reveló que cada año ingresan unos 3.600 reclusos al sistema.
El funcionario también abordó otras problemáticas como corrupción y falencias en la contratación de servicios básicos como alimentación, que han impactado negativamente en la salud y bienestar de los reclusos. Estos problemas se han visto exacerbados debido a la escasez de personal y la transición contractual manejada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que involucra el cambio de consorcios para la prestación de servicios como la alimentación, salud e infraestructura.
Esta situación ha generado una crisis ampliada, con la esperanza de que Uspec pueda encontrar pronta solución a estos desafíos, especialmente hacia finales de 2023 cuando se cambió la contratación de los consorcios, resultando en una transición problemática entre los actuales y los nuevos proveedores, que afecta directamente a los internos.
El Plan Dominó para abordar las problemáticas
El Plan Dominó es una estrategia del Inpec para contener y aislar a líderes de extorsiones y actividades ilícitas en cárceles colombianas. Se ha identificado a 27 funcionarios penitenciarios implicados en corrupción, realizado 125 arrestos y abierto 5.400 investigaciones.
Se busca aumentar el personal ante un déficit de 15.000 empleados y mejorar la seguridad, incluyendo la lucha contra la entrada ilegal de celulares, además de implementar programas de resocialización. Este plan ha resultado en 230 amenazas contra personal del Inpec, incluyendo el secuestro breve de un auxiliar.
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