Detectan irregularidades en contratos de 15.000 millones para vigilar presos en casa por cárcel

La prestación del servicio de vigilancia electrónica implementada en el país para los presos que cuentan con el beneficio de casa por cárcel ha generado una discusión entre las entidades de control del Gobierno y los encargados de las prisiones en Colombia.

Esto, debido a la dificultad para verificar la situación de las personas privadas de la libertad bajo esta modalidad, lo cual se relaciona con el más reciente hallazgo hecho por la Contraloría General en medio del seguimiento al proceso de vigilancia electrónica que se adelanta en el país.

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Es por ello por lo que el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga dio a conocer que podrían haberse presentado irregularidades en contratos, los cuales están directamente asociados con la prestación de este servicio para las personas privadas de la libertad.

“La CGR estableció 2 hallazgos fiscales por $14.981 millones tras encontrar irregularidades en la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria”, declaró el funcionario.

Dichos contratos eran responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que debía garantizar la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos, por medio de los cuales se hace seguimiento a los delincuentes que fueron cobijados bajo la medida de casa por cárcel bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Sin embargo, en vez de demostrar la adquisición de una solución integral para el Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE) en el territorio nacional, el ente de control confirmó hallazgos de las presuntas irregularidades en la prestación del servicio.

Estos corresponden a la documentación relacionada con la facturación del 2022 que fue recolectada en medio de la inspección realizada en el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi), en los cuales se encontraron registros de cobro de mantenimiento de los brazaletes electrónicos que se encontraban inactivos.

De acuerdo con lo denunciado por el contralor en funciones, dichos reportes de cobros diarios por el servicio de monitoreo electrónico en dispositivos electrónicos que se encontraban inactivos, aunque fueron registrados como “monitoreados con efectividad”.

Después de los hallazgos, las autoridades descubrieron que el reporte de facturación mensual que fue entregado no fue debidamente verificado, por lo que se generan preocupaciones por los contratos firmados y la verificación de estos.

Es por ello por lo que se han registrado algunos cobros y pagos en servicios que no se han prestado de manera adecuada, por lo cual que se estima que se estaría ante un posible daño al patrimonio público, lo que desencadenaría en un problema disciplinario y fiscal.

“El código fuente que genera estos reportes y que constituye el soporte para el cálculo del monto de facturación mensual del servicio, no ha sido examinado, ni verificado, por parte de la Interventoría; evidenciando deficiencias de seguimiento y control en las labores de la Interventoría, y la Supervisión”, puntualizó el funcionario.

A raíz de esta revisión se confirmaron 34 hallazgos administrativos, de estos, 7 podrían tener implicaciones disciplinarias y 2 de ellos podrían estar relacionados con un daño al patrimonio público por una cifra que estuvo a punto de alcanzar los $15.000 millones.

Cabe mencionar que este no es el único hallazgo que la Contraloría General ha hecho en revisiones a la Uspec, teniendo en cuenta que también está siendo requerida por el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios de todo el país.

En relación con esta situación, el ente de control indica que la problemática de aglomeración en las cárceles del país ya sobrepasa el 50%, lo cual podría agravarse ante la posible llegada de los presos colombianos que se encuentran recluidos en el Ecuador.