Defensoría del Pueblo alertó que los grupos armados ilegales se expandieron por casi 300 municipios

En un nuevo informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se dio a conocer que entre 2023 y 2023 los grupos armados ilegales del país crecieron un 36% y extendieron sus tentáculos a 253 municipios.

La expansión de las organizaciones al margen de la ley se dio en el lapso de implementación de la denominada “paz total”, bandera en materia de seguridad y conflicto armado del presidente Gustavo Petro; sin embargo, la falta de compromiso de los delincuentes y la pasividad mostrada por el Gobierno nacional, a través del ministerio de Defensa, ha generado que muchos de los delincuentes fortalezcan sus estructuras.

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“De 205 informes de seguimiento emitidos, solo en el 1% se ha podido concluir que el escenario de riesgo fue mitigado. En el 65% de los casos, el escenario ha tendido a agravarse, y en el 32%, el riesgo aún se mantiene”, indicó la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la entidad garante de los derechos humanos, el clan del Golfo fue el grupo que más se consolidó en el territorio nacional durante ese lapso, en el que se debilitó la presencia estatal en las zonas apartadas del país.

El grupo comandado por alias Chiquito Malo, reemplazo forzado de alias Otoniel, pasó de tener presencia en 253 municipios en 2022, a 392 de 24 departamentos durante el 2023. En ese tiempo expandió sus acciones criminales como la producción y exportación de droga, así como la explotación ilegal de recursos minerales como el oro.

El segundo lugar se lo llevaron las disidencias de las Farc: “Para el caso del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, dos grupos disidentes de las Farc, en 230 poblaciones en el 2022, y al año siguiente pasaron a tener intromisión en 299; el primero en 19 departamentos y el segundo en 15”, indicó el informe de la Defensoría.

Finalmente, el informe detalla que Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a estar en medio de diálogos de paz con el Gobierno nacional, en 2022 tenía injerencia en 189 municipios, pero durante 2023 aumentó sus fuerzas y sus milicias se diseminaron por 231 de 19 departamentos.

Al respecto el defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis indicó: “Hacemos un llamado a las entidades del Gobierno Nacional para que den respuesta de manera preventiva y proactiva al aumento de las conductas vulneratorias de derechos humanos de los grupos armados al margen de la ley, y recuperen, con el concurso de las Fuerzas Militares y de Policía, la seguridad en todo el territorio nacional, aspecto fundamental que también contribuye a la consolidación de la paz”.

Desde la entidad garante de los derechos instaron al Gobierno nacional a que no deje deteriorar la seguridad de los territorios afectados por la violencia y agregaron que, pese al cese al fuego bilateral instaurado con el ELN o algunas de las disidencias, no se puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano, que violen sus compromisos con la paz y que sigan combatiendo ha ocurrido en los dos últimos años.

Así mismo, enfatizaron en que la víctima principal de los grupos armados en Colombia es la población civil “porque tiene que confinarse o desplazarse y ser susceptible de la vulneración de sus derechos fundamentales. Los grupos armados ilegales le están haciendo pistola al Gobierno nacional y al anhelo de paz de todos los colombianos. Contrario a ello, lo que deben hacer es cumplir lo pactado”.

Finalmente, el defensor del Pueblo le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que deje claras unas reglas que protejan a los civiles en el marco de las negociaciones con grupos armados.