Álvaro Leyva habló con su homóloga de Ecuador sobre el traslado de presos: “Cada caso debe estudiarse”

En una reunión celebrada en Davos (Suiza), el canciller Álvaro Leyva de Colombia y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, discutieron a fondo la delicada cuestión del traslado de más de 1.400 presos colombianos que cumplen sus penas en cárceles ecuatorianas. La preocupación surge en medio de la crisis de orden público que azota a Ecuador y la declaración del presidente de Daniel Noboa sobre la posible repatriación de estos reclusos.

El encuentro, llevado a cabo el 17 de enero de 2024, tuvo como objetivo principal establecer medidas concretas para una colaboración judicial que respetara los sistemas jurídicos de ambos países y las condiciones particulares de los reclusos. La Cancillería informó que se acordó avanzar en acciones que facilitaran una repatriación respetuosa y meticulosa, evitando una devolución masiva que pudiera desencadenar problemas legales y sociales.

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“Durante el encuentro hablaron sobre el papel de los dos países en la integración latinoamericana y de cómo avanzar en acciones que permitan una colaboración judicial que, en el caso de la repatriación de presos, sea respetuosa de los sistemas jurídicos de ambos países y de las condiciones particulares de las personas privadas de la libertad, bajo el entendido de que cada caso debe estudiarse individualmente”, se lee en el comunicado de la Cancillería de Colombia.

Desde la perspectiva colombiana, se insistió en la necesidad de estudiar cada caso individualmente, subrayando que no se debería llevar a cabo una repatriación masiva como la planteada por el presidente ecuatoriano.

Colombia y Ecuador discutieron procedimientos específicos para el retorno de más de 1.400 internos

En un comunicado conjunto emitido el 10 de enero de 2024 por la Cancillería y el Ministerio de Justicia de Colombia, se dejó claro que el país estaba dispuesto a activar los canales necesarios para abordar esta solicitud, siempre y cuando se cumplieran los términos del Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves de 1990.

Este convenio estableció criterios precisos para la repatriación de connacionales, destacando que debe ser un proceso individual, no masivo, y que debe basarse en criterios objetivos, no en la simple voluntad de los Estados parte. Entre los requisitos se incluye que la persona haya cumplido al menos el 50% de la pena, que presente un estado de salud grave, progresivo e irreversible, o que tenga 65 años o más. Además, las solicitudes deben ser estudiadas cuidadosamente, considerando factores como el estado de salud de los padres, hijos y/o cónyuge de la persona condenada.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, expresó su opinión sobre el tema desde Suiza, destacó la necesidad de un proceso gradual y respetuoso de las condiciones jurídicas de ambos países. Afirmó que Ecuador comprende la complejidad de la situación y que ya están en conversaciones para construir una colaboración judicial que evite errores del pasado.

La Cancillería ecuatoriana reiteró su interés en recibir una respuesta positiva a la solicitud de cooperación para la repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad; sin embargo, la posición de Colombia es clara: están dispuestos a colaborar, pero cumpliendo estrictamente con las condiciones establecidas en el convenio internacional.

En medio de esta delicada situación, es importante destacar que el Gobierno colombiano advirtió que una eventual expulsión de presos por parte de Ecuador sería considerada una decisión unilateral que invalidaría las decisiones judiciales de los órganos de justicia en Colombia. Este hecho subraya la importancia de seguir un procedimiento legal y respetuoso para evitar conflictos y asegurar que la repatriación se realice dentro de los límites establecidos por los acuerdos internacionales.