El exalcalde Ramiro Suárez Corzo, condenado por asesinato, saldrá de la cárcel: un juez ordenó su traslado a un hospital

El delicado estado de salud del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio en 2007, obligó a su traslado a un hospital. Luego de un examen de medicina legal, el Juez 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Joa Sirley Gaitán, solicitó que de inmediato internaran al exsenador condenado a la IPS Salud Esencial.

Esta decisión ocurrió tras la revelación de informes médicos y de la Defensoría del Pueblo que señalan una situación de salud crítica, que incompatibiliza su permanencia en el centro penitenciario de máxima seguridad La Picota, donde ocupaba un pabellón designado a funcionarios públicos, de acuerdo con la información expresada en un comunicado del Inpec.

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“El INPEC, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dará cumplimiento a la medida de prisión intrahospitalaria al privado de la libertad Ramiro Suárez Corzo solicitada por el Juez. El INPEC efectuará el traslado de Ramiro Suárez Corzo a un centro asistencial en la ciudad de Bogotá de acuerdo a la historia clínica determinada por el médico tratante que definirá la atención que requiere el penado por estar a cargo del sistema contributivo de salud”, indicó el boletín de la entidad.

Informe de Medicina Legal y solicitud de la Defensoría del Pueblo

Esta decisión fue motivada por datos clínicos emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indican que Suárez Corzo sufre un estado de salud grave, ya que padece de siete enfermedades distintas y tiene una completa incapacidad para movilizarse y realizar tareas básicas sin asistencia.

Incluso, el análisis detallado de la situación, efectuado el 18 de diciembre, y conocido también por el medio radial W Radio, reveló la necesidad de un tratamiento integral y un acceso inmediato a servicios de urgencia. Este panorama ha llevado a la Defensoría a solicitar la prisión domiciliaria o casa por cárcel para el exmandatario local, en vista de una presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Según el mencionado medio, las falencias de salud halladas en el exalcalde son: “mistiosis por cuerpos de inclusión, dependencia severa para realizar sus actividades básicas de la vida diaria (Barthel en 35 puntos), síndrome soloroso crónico, hipertensión arterial sistémica controlada, diabetes mellitus tipo I controlada, dislipidemia mixta, trastrono de inicio y mantenimiento del sueño”.

Condiciones precarias y recomendaciones de cuidado

La valoración médica legal ha descubierto que el exalcalde mantiene severa debilidad muscular, además de no contar con la capacidad para el autocuidado, lo que resulta en peligro de agravamiento de sus condiciones.

Específicamente, se precisó que requiere asistencia permanente y un manejo por parte de su servicio de salud de primer nivel de atención. La necesidad de estas medidas es subrayada por el informe exclusivo de la Defensoría, que en noviembre de 2023 inspeccionó las condiciones en las que se encontraba Suárez Corzo, reportando que debía “arrastrarse” para atender sus necesidades por su incapacidad de movimiento en las piernas.

No obstante, al respecto, el comunicado del Inpec señaló que la cárcel La Picota ha estado pendiente de la salud de Suárez.

“Las Directivas y la Unidad de Sanidad del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá “La Picota” vienen realizando el seguimiento a la salud del penado con base en los requerimientos médicos. El INPEC se encuentra en coordinaciones logísticas para el traslado bajo las medidas de seguridad y los protocolos dispuestos para la medida otorgada por el Juzgado”, sostuvo el comunicado.

Negligencia médica y falta de atención en el penal

La crítica situación de Ramiro Suárez Corzo también contempla que, desde su ingreso a la cárcel La Picota en septiembre, se destaca la falta de atención médica oportuna, lo que ha sido catalogado como un abandono institucional, de acuerdo con la Defensoría, entidad que reiteró el llamado a las autoridades pertinentes para que se garantice el cuidado médico requerido y la posibilidad de considerar la reclusión en un ambiente que no comprometa su integridad, siguiendo las premisas del Derecho Internacional Humanitario, según lo publicado en la W Radio.