En la primera semana de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un paro armado en los municipios de Sipí y Litoral de San Juan, en Chocó, lo que generó el confinamiento y desplazamiento de miles de personas en la región.
El hecho fue criticado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que el 5 de diciembre cuestionó el comportamiento “contradictorio” del ELN, afirmando que no era coherente anunciar un paro armado en la previa del inicio del quinto ciclo de diálogos en México, sumado al secuestro del papá de Luis Díaz.
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Desde el anuncio del grupo guerrillero se han registrado múltiples enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo (AGC) en esta región; mientras que en la tarde del 14 de diciembre, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez afirmó que la población del Chocó habría sido víctima de un ataque por parte de las AGC.
En un comunicado de dos páginas, el ELN afirmó que el 13 de diciembre el Clan del Golfo, con ayuda de la Fuerza Armada Colombiana, habrían secuestrado, torturado y asesinado a tres campesinos en el municipio de Jurado, Chocó.
Dentro de los argumentos del Frente de Guerra Occidental del ELN, se resalta que dos de las víctimas fueron obligadas a afirmar que eran integrantes de su organización, y aunque tenían ropa de civil, fueron encontrados con brazaletes e indumentaria del Ejército Nacional de Liberación.
Sumado a esto, se recalca que el 13 de diciembre se habría registrado un ataque contra una avioneta en la que viajaba un líder social de la región, asegurando que para llevar a cabo este atentado, el Clan del Golfo tendría que haber pasado por la base militar de protección del aeropuerto.
Sobre esto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que afirmó que miles de pobladores en el Chocó permanecen confinados ante los enfrentamientos que se registran entre el Clan del Golfo y el ELN. Destacando que una comunidad de 140 personas, equivalente a 27 familias, tuvieron que dejar sus hogares en las últimas horas debido a amenazas y señalamientos de ser informantes de uno de los bandos.
Dentro de las comunidades afectadas se encuentra la Eyazaque y la Amba Patato, en donde las personas han quedado en medio del fuego cruzado, lo que ha provocado la muerte de una mujer y un adulto mayor, mientras gran parte de la comunidad sigue recibiendo amenazas en su contra.
Dentro del informe de la Defensoría del Pueblo se destaca que un joven que había sido amenazado fue interceptado por un grupo criminal y hasta el momento se desconoce su paradero.
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