En un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Dijín fueron capturados diez suboficiales de la Policía integrantes de la Sijín y el Goes de Cúcuta, señalados de organizar un falso allanamiento para extorsionar a varias personas en Cúcuta.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, los hechos se presentaron el 16 de agosto en una vivienda del barrio Paz y Progreso de Cúcuta (Norte de Santander), donde los uniformaros retuvieron por varias horas, sin justificación, una mujer y dos niñas.
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“Los procesados en agosto pasado, habrían realizado una diligencia de allanamiento sin orden judicial. Allí, al parecer, retuvieron por espacio de varias horas a la mujer y las dos niñas”, declaró el ente acusador.
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De acuerdo con el testimonio de la mujer secuestrada, suministrado por la Fiscalía, el día de los hechos, sobre las 6:30 de la mañana, los uniformados empezaron a darle patadas a la puerta de su vivienda en la que estaba con sus hijas de 3 y 6 años.
“Lo que hice fue encerrarme en mi habitación, luego escuché que rompieron el vidrio de la puerta principal y comenzaron a darle golpes a la puerta de la habitación donde me encontraba con mis hijas”, declaró la víctima ante la Fiscalía.

La mujer contó que quienes habían entrado a su casa se presentaron como integrantes de la Policía, por lo que abrió la puerta de la habitación y cuando salió se encontró a tres hombres y una mujer de la institución armada grabando todo lo que estaba sucediendo.
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Los uniformados presentaron una supuesta orden de allanamiento a la vivienda, que posteriormente terminó siendo falsa, y procedieron a buscar en todas las habitaciones del lugar.
La madre relató que los uniformados nunca le dejaron ver la supuesta orden de allanamiento y la sacaron de la habitación mientras adelantaban el procedimiento ilegal. En medio del procedimiento los uniformados entraron a una de las habitaciones del lugar donde había una mercancía de prensas y cigarrillos que pertenecían a la hermana de la dueña de la casa.
Los policías preguntaron por el origen de los jeans, a lo que la mujer respondió que eran de su hermana porque ella confeccionaba y le pidió que los guardara en su casa, además le había dado unos para que los vendiera por redes sociales.
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Tras eso los uniformados la intimidaron y la amenazaron con ponerla presa. “Me dicen que me van a llevar capturada sin importar que eso (los jeans y cigarrillos) tuviera factura, entonces volvieron y me sentaron y no me dejaban levantar ni para coger a las niñas. Ellos para ingresar a la casa rompieron el vidrio de la puerta, estaban los pedazos en el piso, mi hija de 3 años casi se corta y no me dejaban cogerla para quitarla de ahí”, relató la madre.
La mujer contó que uno de los policías le dijo que iba a ir presa por la mercancía que acababan de encontrar, supuestamente ilegal, y que sus dos hijas iban a quedar bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los policías le dijeron a la mujer que era culpable por tener la mercancía en la casa y que no solo le iban a quitar a sus hijas sino también la casa.
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Tras un rato de presiones llegó hasta el lugar la hermana y el cuñado de la víctima, hablaron con los uniformados, que les exigieron 50 millones de pesos para no llevarse presa a la mujer, ni entregar a las menores a Bienestar Familiar.
Los familiares de la víctima salieron del lugar y consiguieron 20 millones de pesos en efectivo y se los entregaron a uno de los policías. Tras recibir el dinero, otro uniformado les dijo que tenían un plazo mínimo para conseguir los $20 millones restantes, porque les rebajaban $10 millones, para no proceder con la captura y liberar la mercancía que confiscaron. Las víctimas hicieron lo posible por conseguir el dinero, pero no pudieron juntar la suma exigida y los uniformados les dijeron que el caso ya estaba cerrado.
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Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía identificó a los uniformados implicados y dio a conocer que fueron capturados los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas.
Los diez uniformados deberán responder por los delitos de secuestro simple agravado, concusión y falsedad ideológica en documento público. El juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
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