En la finca Santa María, ubicada en la vía que conecta al municipio de Pelaya con Pailitas, en el sur del Cesar, tres escoltas de la Unidad Nacional de Protección fueron víctimas de hurto. Los hechos se registraron el 4 de diciembre de 2023, cuando al menos 16 hombres interceptaron a los funcionarios de la entidad mientras se movilizaban en una camioneta blindada y se llevaron sus celulares, chalecos de dotación y armas de fuego.
Según El Colombiano, aunque pareciera tratarse de un robo, datos preliminares de las autoridades indican que los sujetos en cuestión habrían estado buscando secuestrar al concejal electo de Pelaya, Johan Pava Peinado, y a su tío, el ganadero Yedinson Peinado, que cuentan con un esquema de protección. Además, los hombres armados pertenecerían al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el Clan del Golfo.
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El objetivo de los hombres armados no pudo cumplirse debido a que, según las autoridades, el concejal electo y el ganadero se habían bajado de la camioneta 200 metros antes, con el din de arrear un ganado. Luego, según el medio citado, se percataron de lo sucedido y huyeron a una finca cercana. Las autoridades llegaron hasta el lugar y auxiliaron a los escoltas de la UNP; fueron transportados hasta Valledupar para que pudieran instaurar la respectiva denuncia.
Este no es el único hecho reciente del país en el que funcionarios de la UNP se ven inmersos en actos criminales, que presuntamente van dirigidos a las personas a quienes deben garantizar seguridad. En agosto de 2023, el firmante de paz y también integrante de la entidad Mario Molina, fue víctima de un atentado en Bogotá.
Los hechos ocurrieron a las 4:00 a.m. del 30 de agosto, al frente de la residencia del excombatiente de las Farc, ubicada en el barrio San Rafael, en la localidad de Puente Aranda. Dos escoltas que estaban custodiando su casa desde el exterior, identificados como Flor Lozano y Uberley Mendoza, fueron atacados por hombres armados. Molina salió ileso del ataque, pero los otros dos funcionarios tuvieron que ser remitidos a un centro asistencial por la gravedad de sus heridas.
Por su parte, en marzo de 2023, escoltas del director de la UNP, Augusto Rodríguez, fueron atacados por media docena de hombres armados, que llegaron hasta la residencia del director, ubicada en el barrio Ciudad Montes, ubicado al sur de Bogotá. En medio del intercambio de disparos, los funcionarios lograron dar de baja a uno de los sujetos. El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como un “atentado” que iba dirigido a Rodríguez. Sin embargo, la versión que maneja la Fiscalía es diferente.
El rumbo que tomó la investigación del ente acusador se debió a un computador portátil que hallaron en el lugar de los hechos, que, al parecer, previamente había sido hurtado a un ciudadano. Además, la Fiscalía pudo determinar que las personas involucradas en el ataque estarían vinculadas a una organización delincuencial que se dedica a robar. De hecho, su prontuario estaría relacionado con otros cinco casos de hurto en Bogotá.
Teniendo en cuenta los hallazgos, el fiscal Barbosa señaló al presidente Gustavo Petro de haberse apresurado a dar información sobre lo sucedido y, de esta manera, habría incurrido en una “tergiversación de la verdad”.
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