Guardias del Inpec enfrentarán juicio disciplinario por su rol en la tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá

En la madrugada del 28 de junio de 2022, un incendio devastador cobró la vida de 56 personas y dejó a 24 heridos en el patio 8 de la cárcel de Tuluá. Este suceso fue el resultado de un violento motín entre reclusos, donde el intento de controlar la situación por parte de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desencadenó consecuencias inesperadas. Dos años después, la Procuraduría anunció que llevará a juicio disciplinario al exdirector del penal y a tres guardias.

El incidente comenzó con un conflicto entre dos facciones de reclusos que buscaban el control y poder en el negocio ilícito de las drogas dentro de la cárcel. La violencia escaló rápidamente, involucrando armas contundentes, objetos cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos, dificultando que los guardias pudieran mantener el control de las celdas.

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Esta situación llevó a la Procuraduría a tomar medidas legales contra el exdirector del penal y los tres guardianes involucrados, acusándolos de negligencia en sus funciones.

La investigación de la entidad revela que los funcionarios carcelarios no habrían tomado las medidas adecuadas para evitar la entrada de armas y objetos peligrosos al patio. Además, se cuestiona la decisión de lanzar gases lacrimógenos durante el motín, ya que estos, en lugar de controlar la situación, contribuyeron a avivar las llamas. La Procuraduría ha señalado que el propelente de los gases lacrimógenos actuó como un multiplicador del fuego, intensificando la tragedia.

Un aspecto crucial de la investigación es la supuesta tardanza en la emisión de órdenes de evacuación para los reclusos en el patio afectado. La evidencia sugiere que estas instrucciones llegaron tarde, cuando el fuego ya había alcanzado dimensiones incontrolables. Sorprendentemente, se descubrió que el oficial a cargo de los guardianes no estaba presente físicamente en la cárcel de Tuluá cuando dio la orden de usar los gases lacrimógenos, manejando la situación a distancia. Este hecho ha sido catalogado por la Procuraduría como una omisión de sus funciones.

En el comunicado oficial, la Procuraduría detalló los cargos provisionales imputados al exdirector y los guardias, señalando que están relacionados con la posible omisión de sus deberes al no adoptar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la correcta custodia y vigilancia de los reclusos. El objetivo era velar por su integridad, seguridad y el respeto de sus derechos.

Otros descubrimientos revelan que las instrucciones para evacuar a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que permanecían en el patio incendiado se emitieron en un momento en que ya era demasiado tarde y las llamas habían alcanzado dimensiones incontrolables. Asimismo, se ha señalado que el oficial al mando de la guardia, que ordenó la utilización de gases lacrimógenos, nunca estuvo presente en el pabellón afectado y gestionó la situación desde un lugar distante dentro de la cárcel.

Adicionalmente, se resaltó que el entonces director del Inpec, Tito Castellanos, confirmó que el patio donde ocurrió la tragedia carecía de un sistema antiincendios. Esta revelación pone de manifiesto una deficiencia estructural en las instalaciones penitenciarias, que podría haber contribuido a la magnitud de la tragedia.

Dos años después, las sombras de la tragedia de la cárcel de Tuluá persisten, y la búsqueda de justicia a través del juicio disciplinario promete arrojar luz sobre las responsabilidades y omisiones que condujeron a esta numerosa pérdida de vidas humanas.