Un año más de gobierno para el presidente, fiscal, congresistas, alcaldes y gobernadores: la propuesta que arranca en el Congreso

Nuevamente se discutirá la posibilidad de que el periodo de todos los cargos de elección popular del país dure cinco años. Un proyecto de ley que plantea la modificación ya tiene lista la ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado para empezar la discusión y la votación.

La iniciativa es de autoría del senador Germán Blanco del Partido Conservador y presidente de la comisión por la que iniciará el trámite de la iniciativa. En el proyecto se propone que el periodo presidencial, de senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados se extienda a cinco años.

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Otros de los cargos que también tendrían una extensión del periodo serían el fiscal general de la Nación, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el registrador Nacional, el procurador general, el defensor del Pueblo, personeros y los miembros de la junta directiva del Banco de la República.

En el proyecto se considera que es necesario darles a los ejecutores de políticas públicas el tiempo suficiente para “impactar de manera real y directa a la sociedad”. Por lo que se propone modificar el periodo de mandato de cuatro, como está establecido actualmente, a cinco años.

No siempre ha sido así. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 aprobó que el periodo de alcaldes, gobernadores y sus corporaciones como concejos y asambleas por tres años. Fue hasta el 2002 que se modificó para extenderlo a cuatro años, igual que el periodo presidencial, pero se mantuvo la separación de las elecciones nacionales con las regionales.

Sin embargo, la iniciativa busca extender todos los cargos públicos que se derivan de procesos de elección. Se argumenta que esta unificación con todas las corporaciones evita que se produzca una descoordinación institucional. Además, que en el caso del Congreso y la Presidencia ambos están ligados, por lo que, si se extiende uno, se debería extender el otro para mantener la relación.

“La iniciativa busca de forma subyacente brindar una estabilidad institucional al Estado al prolongar mandatos, pues con gobiernos y estructuras de largo plazo se puede lograr más fácil la implementación de programas y políticas que beneficien a la comunidad”, señala la justificación del texto radicado por el senador Blanco.

El congresista, además, sostiene que al aumentar el periodo de las corporaciones públicas y los gobiernos se reduce el gasto de elecciones que permitiría optimizar los recursos públicos. Así mismo, les permite a los diferentes mandatarios tener mayor periodo para cumplir sus promesas.

“Es necesario también, que se amplíen los periodos de gobierno para que los planes de desarrollo puedan ser ejecutados y finiquitados. Actualmente, con el voto programático, se escoge un candidato según su programa de gobierno, luego de la elección tal programa se convierte en el plan de desarrollo de su administración, pero su expedición se da dentro del primer año de mandato, por lo que en realidad el programa de desarrollo se aplica prácticamente solo por un poco más de 3 años”, sostiene la iniciativa en su justificación.

Si se logra una mayor ejecución, plantea la iniciativa, habrá una estructura de Gobierno más fuerte, mayor estabilidad política, y un mayor desarrollo territorial, debido a que según dice el proyecto, las metas a mediano y largo plazo se quedan a medias y sin recursos suficientes para su ejecución.

El proyecto ha sido radicado varias veces sin éxito e incluso ha sido una propuesta de sectores como, por ejemplo, Asocapitales. La iniciativa de Blanco fue radicada como un proyecto de acto legislativo, debido a que se debe modificar la Constitución, por lo que tendrá un trámite de ocho debates, cuatro en Senado y cuatro en Cámara, y ser aprobado en este caso antes del 20 de julio de 2024.

La iniciativa plantea que, de ser aprobada, la modificación del periodo de cinco años para los cargos públicos entre en vigencia a partir de los mandatarios y funcionarios elegidos desde el 1 de enero de 2030, por lo que no beneficiaría a quienes actualmente se encuentran en esas posiciones del poder del Estado.