Póliza obligatoria en la revisión tecnomecánica no va más por decisión de la Corte Constitucional

Aunque está pendiente la oficialización de la decisión de la Corte Constitucional, en la noche del martes 14 de noviembre se conoció que el alto tribunal tumbó la póliza obligatoria que debían entregar en los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) tras realizar la revisión técnico-mecánicas de vehículos.

Bajo el argumento de la violación a la libertad de empresas y libertad económica, ya que se trata de una carga desproporcionada a los CDA, la Corte justificó la derogación de esta obligación, ya que en esos establecimientos se especializan en los diagnósticos de los vehículos y no en la expedición de seguros, destacaron en el periódico regional El País.

Recordaron que este requerimiento se dispuso en la ley 2283 de 2023 donde se estipulaba que aparte de la verificación del automotor, en esos lugares debían asumir un seguro por daños materiales, lo que fue rechazado por el gremio, ya que incrementaría los costos de este proceso.

La mencionada póliza tenía que asegurar un mínimo de 15 salarios mínimos mensuales para carros particulares, más de 17 millones de pesos en 2023, así como de siete para motocicletas, más de 8 millones, reseñaron en la emisora Blu Radio.

La vigencia de esta nueva disposición regía a partir del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Transporte anunció que la Superintendencia de Transporte comenzaría a verificar su cumplimiento en los CDA, explicaron en el periódico El Tiempo.

Entonces, se trataba de una prórroga por parte de la misma autoridad de movilidad para los centros de diagnóstico, luego de que expresaran sus reparos por las dificultades operativas y logísticas de esa medida.

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, justificó la necesidad de este requerimiento para contrarrestar la siniestralidad en el país.

“Esto nos va a permitir salvar vidas, es una política del gobierno Nacional frente a la seguridad vial y de ahí la aplicación de la ley que beneficiará a todos los colombianos”, afirmó en su momento.

De esta forma se buscaba que los conductores contaran con la póliza de responsabilidad civil en casos de daños materiales a terceros cuando ocurrieran choques simples.

La situación conllevó a que desde el gremio de los CDA elevaran la consulta a la Corte Constitucional donde debían definir si estaba acorde con la carta magna del país, y desde entonces advirtieron que los nuevos costos los tendrían que asumir los conductores.

“Aunque nosotros tenemos unos precios establecidos, es mentira que no los podamos subir. A quienes debieron haber consultado primero para diseñar esa póliza fue a los Centros de Diagnóstico Automotor, pero no lo hicieron así, entonces como no nos dijeron sobre eso, no se incluyó en los gastos de este año”, dijo en esa ocasión Fernando Villamizar, representante legal de algunos Centros de Diagnóstico Automotor en Norte de Santander.

Incluso advirtió que por esa nueva disposición podría tener consecuencias como el cierre de estos lugares de inspecciones vehiculares.

“La revisión para el año entrante va a tener un incremento más alto porque nosotros, en diciembre, en la estructura de costos sí vamos a incluir lo de la póliza, entonces el usuario va a perder, pero no por nuestra culpa, sino por la de ese negocio descaradamente montado”, agregó.

Incluso la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) respaldó los representantes de los CDA por los perjuicios económicos que acarrearía, ya que en dichos diagnósticos se asumen otros costos.

“Matemáticamente esto no es posible ya que del costo de cada revisión se deben pagar otras obligaciones como SICOV, RUNT, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Empresa de pagos, entre otros, además de los costos propios operativos y empresariales; por lo tanto, de la utilidad no se alcanza a asumir este seguro y no se puede incrementar el precio al cliente pues el valor de la revisión está regulado”, puntualizaron entonces.