Qué tan cierto es que el Gobierno busca aumentar desmesuradamente el impuesto predial, expertos explican el proyecto de ley

Toda una ola de críticas generó el proyecto de ley del Gobierno nacional con el que busca establecer gradualmente topes para el pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) porque inicialmente se dio a entender que significaba un incremento a ese impuesto.

No obstante, si bien la iniciativa establece aumentos en el pago del impuesto de entre 50% y 300% con relación a lo que se pagó el año anterior, lo que en realidad busca el Gobierno nacional es evitar pagos superiores a esos límites, dado que con la norma vigente pueden llegar a ser de más del 1.000%.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El proyecto de ley, presentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, busca modificar cuatro artículos de las Leyes 44 de 1990 y 1995 de 2019.

La Ley 44 establece un ajuste anual al valor de los avalúos catastrales que no puede ser superior al 100% del IPC. Por su parte, la Ley 1995 establece que el límite predial será del IPC+8 para los predios que hayan tenido actualización, independientemente del catastro.

Ahora, la iniciativa del Gobierno plantea un límite de topes con referencia al año anterior. Así lo explicó para Infobae Colombia Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario: “Se establece un esquema de topes graduales que comienza básicamente desde los predios menores a 135 salarios mínimos, en donde se les aplicará un 100% como máximo de lo que pagó en el año anterior, en el evento en que se esté actualizando el avalúo catastral”.

Aquella iniciativa del Gobierno corresponde a su Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2023-2027, con el que se busca actualizar el catastro multipropósito en por lo menos un 70% de aquí al 2026. En la actualidad, el catastro está en alrededor del 9,6%.

Para eso, el Gobierno deberá actualizar de manera física, jurídica y económica 80 millones de hectáreas repartidas en 600 municipios en todo el territorio nacional.

La actualización del catastro es de suma importancia para que el Estado pueda ejercer el control adecuado sobre la propiedad y los usos del suelo rural o urbano para su efectiva tributación. Se trata de un inventario de tierras del país que incluye los derechos, restricciones y responsabilidades sobre ellas.

No obstante, el tema ha sido casi ignorado en Colombia, al punto de que menos del 10% del catastro está actualizado a la fecha. En medio del proceso, el IPU podría dispararse, sobre todo en predios en los que nunca se ha hecho un avalúo catastral o en los que no se realiza desde hace décadas. Por eso, el Gobierno espera poder reducir ese efecto con su proyecto de ley.

Adrian Garlati, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana, le explicó a Infobae que la norma solo aplicaría para los terrenos avaluados bajo nuevos catastros.

“En lugares como Bogotá, Medellín, Cali, o sea en las ciudades, el avalúo catastral suele estar actualizado, entonces en realidad en esos casos no aplicaría esta normativa. Debería preocuparnos lugares en los que el catastro está de desactualizado y lo van a actualizar”, dijo el economista.

Respecto al temor de que el proyecto de ley pueda significar un aumento desmedido del IPU, el profesor Amorocho manifestó que el Gobierno de Gustavo Petro debe “establecer una mejor comunicación con el Congreso de la República y tener una labor más de socialización de sus proyectos de ley, porque indiscutiblemente en el país no hay cultura tributaria y en ese sentido se están dando muchísimas informaciones que no corresponden”.

Añadió que: “Verdaderamente, lo que se están estableciendo es simplemente unos topes graduales de una base gravable que se va a aumentar porque se pasa de un avalúo catastral rezagado a un avalúo catastral que va a coincidir con el avalúo comercial”.