La Unidad de Restitución de Tierras informó sobre intimidaciones de las que están siendo víctimas funcionarios de la entidad por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Una de las trabajadoras que ha recibido amenazas es la secretaria General, Jaqueline Campos Rincón, que asumió el cargo en septiembre de 2022.
“Desde hace varias semanas la alta directiva de la entidad viene siendo objeto de estigmatizaciones y montajes que atentan contra su dignidad e integridad y ponen en riesgo su vida y la de su familia. A ella le expresamos nuestra solidaridad y pleno respaldo”, indicó la entidad en el comunicado.
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En un segundo comunicado, la Unidad de Restitución de Tierras informó que las intimidaciones ya se han extendido a funcionarios y funcionarias del área jurídica. Como consecuencia, solicitaron a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones pertinentes y que se tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales de la entidad.
A estas intimidaciones se suman otras atribuidas al mismo grupo paramilitar, ejercidas contra personas reclamantes de tierras de la vereda El Totumo, ubicada en Necoclí (Antioquia), y divulgadas por medio de un panfleto. Además de ellas, funcionarios públicos e instituciones que realizan una labor de acompañamiento en los procesos de restitución también estarían siendo blanco de amenazas, según denunció la Fundación Forjando Futuros, dedicada a la atención de a víctimas del conflicto armado y al apoyo en trámites de restitución de tierras.
El panfleto en cuestión, compartido por Caracol Radio, está a nombre el Estado Mayor de las AGC, se asegura que las personas que tienen hasta tres procesos de reclamación de tierras ya están identificadas, al igual que quienes están apoyando dichos trámites en Apartadó (Antioquia). No obstante, el documento va dirigido de manera “especial” a un hombre identificado como Héctor Pitalua Cavadia.
En el documento, presuntamente, el grupo paramilitar asegura que quienes se niegan a “aceptar el llamado” serán blanco de acciones violentas para obligarlos a cumplir con este. Dice que, en caso de que se registren víctimas en medio del “fuego cruzado”, independientemente de si son menores de edad, madres o padres, no se harán responsables.
Ante esto, el abogado de la fundación, Jahson Andrey Taborda, pidió que se adelanten las indagaciones pertinentes para dar con los autores de las amenazas.“Es grave la situación de orden público que se presenta actualmente en esta zona del país. En el último mes, han sido asesinadas personas reclamantes de tierras. Le solicitamos a las autoridades competentes, a la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, para que ejerzan lo correspondiente; inicien, desarrollen y culminen procesos judiciales que den con el paradero de las personas responsables de estos lamentables hechos”, denunció
Asimismo, pidió a la Unidad Nacional de Protección que se refuercen los esquemas de seguridad de los reclamantes de tierras que ya cuentan con uno y que, por su parte, se haga un estudio que permita vislumbrar qué otras personas requieren de protección.
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