
Un excomandante de la Sijín en La Dorada (Caldas), junto con un subintendente y tres patrulleros, están bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por presuntos excesos de fuerza cometidos en contra de un ganadero, que murió en medio de un tiroteo con las autoridades. Por eso, la entidad formuló pliego de cargos en su contra, considerando que sus faltas fueron calificadas provisionalmente como graves a título de dolo.
De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, el hombre, identificado como José Luis Aldana Muñoz, iba conduciendo una camioneta que los uniformados de la Sijín consideraron sospechosa, por lo que decidieron iniciar una persecución por la vía que conecta el municipio de La Dorada con Norcasia (Caldas).
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La persecución terminó con un intercambio de disparos entre los efectivos de la Sijín y el sujeto, que resultó gravemente herido en el tiroteo. Según el Ministerio Público, la manera en que se redujo al sospechoso, al parecer, fue “excesiva”, pues, luego de que fuera impactado por las balas, fue dejado en el suelo por largo tiempo y, además, permaneció esposado.
Presuntamente, las autoridades omitieron prestar auxilio al ganadero y no llamaron a profesionales en emergencias para que fuera atendido con urgencia y fuera trasladado a un centro de salud en el que pudieran salvar su vida. En efecto, como consecuencia, el hombre falleció.
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Por su parte, los cargos formulados por la Procuraduría para el subintendente y tres patrulleros de la Sijín corresponden a la presunta utilización inadecuada de sus armas de dotación. Además, por haber retrasado la atención médica que requería el hombre, la PGN considera que deben ser investigados por haber perpetrado tratos crueles y discriminatorios en su contra, incluyendo también una posible alteración de la escena.
“Haber dejado al señor José Luis Aldana Muñoz en dichas condiciones se equipara a la denegación de atención médica, conducta que constituye un trato cruel, inhumano y degradante”, dice el pliego de cargos, según el organismo de control y vigilancia.
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Este caso se suma a otros dos por los cuales la Fiscalía General de la Nación (FNG) imputó cargos contra nueve uniformados de la Policía Nacional. El 29 de septiembre de 2023, durante una audiencia, el ente acusador imputó formalmente a siete policías y dos oficiales del Gaula de la Policía de Sucre por los delitos de tortura y homicidio, como consecuencia de su presunta participación en el asesinato de dos ciudadanos.
Las víctimas, identificadas como Janiner Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil, habrían sido perfiladas y sus teléfonos interceptados a petición de los imputados, con el argumento de que los ciudadanos estaban implicados en un ataque que se perpetró en contra de una patrulla de la Policía en el municipio de San Juan de Betulia, el 29 de junio de 2022.
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Algueta y Gil habrían sido ubicados por los uniformados y, al detenerlos, los habrían torturado. Los resultados arrojados por Medicina Legal evidenciaron signos de violencia en los cuerpos de las víctimas, además de heridas generadas por armas de fuego que acabaron con sus vidas.
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